Del CISEN al CNI: los retos de inteligencia en México

Del CISEN al CNI: los retos de inteligencia en México

CHRISTIAN ASCENSIO MARTÍNEZ

La importancia de la inteligencia estratégica

Los servicios de inteligencia son organismos públicos orien- tados a detectar, prevenir y neutralizar a actores, grupos, tendencias y acontecimientos que representan un poten- cial riesgo o amenaza para la seguridad de las instituciones del Estado (Lowenthal, 2012). El objetivo central consiste en obtener información estratégica y contar con una amplia experiencia que les permita anticiparse a acontecimientos que atenten contra la seguridad nacional y pública, mediante el reconocimiento de éstos como parte de una tendencia que puede ser conocida y controlada (Treverton y Ghez, 2012).

La tarea de inteligencia conlleva una metodología para recolectar y procesar información que permite acciones efectivas, aunque poco vistosas; por ejemplo: el desmantelamiento de un grupo criminal, evitar un acto terrorista o una subversión, la desactivación de una red de lavado de dinero, entre otras. Asimismo, los servicios de inteligencia contribuyen a la construcción de una agenda de riesgos, que es un quehacer institucional en todas las democracias, sin importar cuan sofisticadas y transparentes presuman ser.

En términos estrictos, la inteligencia es contrapuesta a la transparencia, pues ningún Estado ventila públicamente las acciones que desarrolla para preservar la seguridad nacional; las acciones de inteligencia implican el sigilo y la discreción, pues su finalidad es evitar que quienes pretenden atentar contra la seguridad del Estado estén alertados y puedan alcanzar sus objetivos.

Para que esta labor pueda llevarse a cabo se requieren al menos dos condiciones: la primera remite a una sociedad de “usuarios educados” (Herrera-Lasso, 2010) que validen las operaciones de las instituciones del Estado y aprueben que los servicios de inteligencia actúen discretamente, obtengan información estratégica y puedan reservar información sensible. La segunda, que se desprende de la anterior, es un contexto sociocultural caracterizado por la confianza hacia las autoridades en general, y se refiere a la convicción, compartida por amplios sectores sociales, de que los datos obtenidos serán para el bien de la sociedad y no para favorecer los intereses de grupos o políticos individuales.

Si la confianza hacia las autoridades se ve disminuida, es probable que la ciudadanía rechace las tareas estratégicas, y los medios para obtener la información exija mayor control civil, transparencia, rendición de cuentas, e incluso acepte la desaparición de las instituciones encargadas de la inteligencia. Esta desconfianza suele estar anclada a dudas sobre la imparcialidad en el uso de la inteligencia e incluso ante experiencias concretas de vigilancia, intimidación y represión de estudiantes, periodistas, activistas, disidentes, entre otros actores opuestos al poder político establecido. Cuando esto ocurre, los servicios de inteligencia son vis- tos como instrumentos al servicio de un grupo político y con ello se desvirtúa su función como órganos dedicados a preservar la seguridad pública y nacional más allá del gobierno en turno.

El caso del CISEN: de la inteligencia a la desconfianza
Arduos han sido los esfuerzos en México para consolidar una institución encargada de la inteligencia. Fue hasta el año 1985 cuando se fundó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN), que en 1989 adquirió el nombre de Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el cual se mantuvo hasta 2018. Desde su creación, el CISEN tuvo un papel ambiguo en la vida nacional, algunas veces fue reconocido como un organismo favorable a la estabilidad del proceso electoral, frente a conflictos como el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la crisis económica, los secuestros de alto impacto, el crecimiento exponencial de las organizaciones delictivas y algunos episodios dramáticos de violencia política (incluyendo el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio), pero otras ocasiones, ampliamente generaliza- das, fue concebido como un instrumento del gobierno orientado a la vigilancia y represión de actores opuestos al régimen.

A pesar de las acusaciones sobre la fundición de la inteligencia estratégica con el ejercicio de gobernar, el CISEN logró perdurar ante los esfuerzos por desmantelarlo, especialmente durante la primera transición política y el gobierno de Vicente Fox. En este periodo se le recortó presupuesto y personal y desde inicios del sexenio se acotaron gradualmente sus prerrogativas; en primer lugar con la creación en 2002 del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que incluye al CISEN, pero se introduce la figura de “información reservada”; y en segundo lugar, con la publicación en 2005 de la Ley de Seguridad Nacional que establece “alcances” y “controles” para la obtención, compilación, procesamiento y diseminación de la información únicamente con fines de Seguridad Nacional (Artículo 30). Aunque se reconoce la autonomía técnica de las instancias dedicadas a la producción de inteligencia, se explicita que en la realización de sus tareas no deberán afectar las garantías individuales ni los derechos humanos (Artículo 31).

Asimismo, el CISEN se vio obligado por Ley a solicitar autorización judicial para la toma, escucha, monitoreo, grabación y registro de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio (Artículo 33), durante un tiempo que no podrá rebasar los ciento ochenta días naturales, con posibilidad de prórroga (Artículo 43).

Se señala que las solicitudes tendrán carácter reservado y no se permitirá el acceso a los expedientes salvo al secretario del juzgado y a quien se autorice por escrito por parte del Director General del Centro. 

Con este marco jurídico se buscó acotar las facultades del aparato de inteligencia civil, fortalecer su institucionalidad y dotarle de mayor solidez jurídica y legalidad para realizar sus funciones.

El CISEN también prevaleció duran- te el gobierno de Felipe Calderón, en el cual incluso se crearon centros de fusión de inteligencia entre México y Estados Unidos, como parte de una estrategia con- junta contra el crimen organizado. Cabe señalar que durante esta gestión se pro- clamó la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, que contribuyó al incremento de la violencia en el país, misma que continúa hasta la fecha con altos índices de delincuencia común y organizada, y una tasa de homicidios que se incrementa exponencialmente.

Es durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando el CISEN inicia su declive, en gran parte debido al uso faccioso por parte del gobierno para beneficiar a los grupos políticos cercanos al poder, reflejado en 2,789 solicitudes al Poder Judicial de intervención de comunicaciones privadas durante los primeros cuatro años del gobierno (mientras que duran- te todo el mandato de Felipe Calderón únicamente se solicitaron 319). Además de esto, la Procuraduría General de la República adquirió un software espía, llamado Pegasus, para geolocalización de teléfonos celulares, al iniciar la campaña presidencial de 2018. Sobre este mismo asunto, organizaciones de la sociedad civil denunciaron en 2017 que el gobierno mexicano había utilizado el malware Pegasus para espiar al menos a 20 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que le eran incómodos. Asimismo, los relatores de la 4 actualidad
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron la necesidad de un marco legal efectivo para proteger a las personas ante interferencias arbitrarias y/o clandestinas en su privacidad. También propusieron el establecimiento de controles judiciales y garantías para las agencias que llevan a cabo vigilancia, dentro de los límites permisibles para una sociedad democrática e incluso la creación de un órgano independiente para la supervisión de dichas tareas por parte del Estado.

Por último, el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, aseguró en 2017 que las autoridades mexicanas espiaban a un gran número de periodistas en tiempo real (New York Times, 19 de junio de 2017), y a principios de 2019 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sostuvo que la entonces PGR incumplió la Ley General de Protección de Datos Personales al espiar a políticos, académicos y periodistas.

Los desafíos del CNI
En 2018 se sustituyó el CISEN por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual estará bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ya no dependerá de la Secretaría de Gobernación. La transición política hacia el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (morena) y las acusaciones de espionaje hacia el CISEN, favorecieron su disolución (por lo menos formal) y el cuestionamiento sobre sus actividades y funciones. Sobre ese aspecto, el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador anunció el “fin del espionaje” y solicitó la apertura de los archivos secretos del Centro. La intención de transparentar la totalidad de expedientes, documentación e información elaborada por la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales ha creado incertidumbre sobre las consecuencias de incrementar la desconfianza hacia las agencias de inteligencia. Dado lo anterior, uno de los principales retos del CNI será actuar de manera eficiente en un contexto de desconfianza y escasa legitimación ciudadana hacia la producción de inteligencia estratégica. También deberá disputar su papel como organismo con autonomía operativa, y enfocado a la creación de inteligencia en 360 grados y no sólo en cuestiones de narcotráfico y seguridad pública. Otro de sus retos será la mejora en los procesos de selección de personal y una capacitación intensiva que permita implementar métodos y estrategias para actuar frente a tendencias y amenazas urgentes, en un contexto sociojurídico caracterizado por mayores controles y procedimientos, y bajo un marco de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.

Un fuerte trabajo de difusión será también necesario para que la ciudadanía conozca mejor y vuelva a confiar en los servicios de inteligencia, al reconocerlos como un instrumento al servicio de la sociedad y la seguridad nacional, y no de espionaje y represión, favorable a una de- terminada facción política. Finalmente, en este terreno se requiere una aplicación rigurosa de los límites impuestos en la Ley de Seguridad Nacional y un control efectivo y serio por parte de los poderes legislativo y judicial; además de avanzar hacia la consolidación de un organismo independiente que permita la supervisión institucional y civil de las acciones que realizan las instancias encargadas de la inteligencia en nuestro país.

 

Bibliografía:

DOF (2005), Ley de Seguridad Nacional, Cámara de Diputados, 31 de enero de 2005.
Herrera-Lasso, L. (2010), “Inteligencia y Seguridad Nacional: apuntes y reflexiones”, en Alvarado, A. y Serrano, M. (2010), Seguridad nacional y seguridad interior. Los grandes problemas de México, Tomo xv, El Colegio de México.
Lowenthal, Mark M. (2012), Intelligence: From Se­crets to Policy, Washington, DC: CQ Press. Treverton, Gregory F. y Ghez, Jeremy J. (2012), Making Strategic Analysis Matter, Santa Monica: RAND Corporation.