La Guardia Nacional y los contrasentidos del (nuevo) paradigma de seguridad

La Guardia Nacional y los contrasentidos del (nuevo) paradigma de seguridad

Carla Miranda Chigüindo

Carla Miranda Chigüindo Doctora en Urbanismo, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Profesionalización Policial.

La Guardia Nacional (GN), co­mo un­ ­cuerpo de seguridad me­xi­­ca­no­ de ca­rác­ter na­cio­nal, fue crea­da oficialmente el 26 de mar­zo de 2019, mediante la publicación el mismo año, del decreto de re­for­ma constitucional, en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de uno de los ejes de la actual política de seguridad, tra­za­do en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. El documento indica, en su presentación, que en este plan: “… se enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores. Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis más profunda, resulta obligado mencionar en este documento, como elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar del próximo gobierno federal, los procesos de pacificación por los que se deberá transitar, los recursos a mecanismos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, así como las reformas legales que serán necesarias para poner en práctica este plan”.1 El Plan Nacional de Desarrollo 2019-20242, a su vez, retoma el planteamiento del cambio hacia un nuevo paradigma en seguridad, y lo desglosa en un listado temático que describe los elementos al­re­de­dor de los cuales se construye el nue­vo paradigma de seguridad, siendo el punto 10, de 12 en total, la creación de la Guardia Nacional. La génesis de la GN, su creación a partir de reformas a la propia Constitución Po­lí­ti­ca, su operación, las acciones desplegadas, fueron y son objeto de controversia. Si bien se trata de una estrategia con un alto nivel de aceptación a nivel social, los cuestionamientos provienen de sectores especializados, ámbitos académicos y de investigación, que conforman crítica informada, fundamentada y basada en investigaciones. Es así que la GN y el papel que desempeña en este momento y en el corto plazo se convierten en un tema de discusión y análisis pertinente, necesario y urgente en un entorno de gran conflictividad. La discusión sobre las instituciones policiales en México ha tomado al menos las últimas dos décadas. Está inscrita en el cambio democrático del siglo xxi, en el que se ha conformado una sociedad civil cada vez más organizada e interesada en participar en los asuntos públicos, y en el marco de transformaciones sustanciales de las instituciones del país3. En los últimos años hemos sido testigos de numerosos cambios en las instituciones policiales: de denominación, de uniformes, de adscripciones, de mandos. En el ámbito federal, las modificaciones también han sido constantes. Desde la transformación de la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal, la Guardia Nacional es el resultado de propuestas del proceso electoral de 2018 y respuesta a la gran crisis de inseguridad que vive el país desde hace años, pero que se ha recrudecido en 20194. Al igual que durante las discusiones por la controversial Ley de Seguridad Interior de 2017, nos encontramos en 2019 en medio de polémicas por el papel que debería desempeñar en democracia un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional. Es innegable la necesidad de reedificar las instituciones policiales del país, en su conjunto. Los hechos, sin embargo, distan del deber ser de una reforma policial. La Guardia Nacional se constituye, de forma atropellada y con prisas, en pocos meses. Aunque la Constitución establece que debe contar con un mando civil, su operación cuenta fundamentalmente con mandos militares, y ha desplegado, de marzo a julio, presencia en diversos estados y demarcaciones del país, a partir de una delimitación territorial que busca atender los focos rojos en materia de inseguridad. Si bien, en cierto momento fue bien vista la iniciativa de replantear el ejercicio de las instituciones de policía y la creación de una nueva institución, lo que funciona hoy mantiene serias dudas. El fuerte componente militar que este cuerpo ostenta se considera uno de los más graves riesgos en su operación. Se ha establecido la importancia del carácter civil de los cuerpos de seguridad en estados democráticos, sujetos a re­gu­la­cio­nes claras y abiertas, y con un fuerte com­po­nen­te de responsabilidad no sólo ante las autoridades políticas, sino frente a la ciu­da­da­nía. El carácter militar de la GN se contrapone a tales principios elementales. Se puede agregar que la GN propicia que se normalice el estado de excepción en el que las condiciones de inseguridad permiten y justifican que los derechos fundamentales sean suspendidos (su in­cur­sión en revisiones en las estaciones del Sistema de Transporte Metro, en la Ciudad de México, en julio de este año, es ejemplo de ello). Así, vamos cons­tru­yen­do y aceptando poco a poco una sociedad militarizada con alto riesgo de vulneración de derechos y libertades fundamentales. En el transcurso de los meses se han agregado otras inquietudes, debido a los contrasentidos que su creación ha significado. Podemos decir que la GN sería una buena estrategia de seguridad, si:

  • Garantizara el control civil de su función.
  • Supusiera una extinción ordenada de la Policía Federal.
  • Contara con el tiempo para desarrollar los instrumentos legales, normativos y reglamentarios para su regulación interna y externa.
  • Aprovechara el conocimiento y experiencia institucional generado hasta ahora, en lugar de desechar y desaparecer todo lo anterior.
  • Se constituyera a partir de un reclutamiento y selección con nuevos y estrictos parámetros basados en las experiencias del pasado.
  • Mantuviera la propuesta de que las Fuer­zas Armadas con funciones de seguridad pública serían una estrategia de transición para que, en su momento, la GN retomara completamente esta función.
    Hubiera un plan razonado y factible pa­ra trans­for­mar estructuralmente las ins­ti­tu­cio­nes.
  • Se le diera importancia al trabajo sobre los protocolos de actuación como me­ca­nis­mo de control.
  • Existieran mecanismos para garantizar la coordinación entre instituciones y cuerpos de policía.
  • Se considerara como una parte fun­da­men­tal­ del combate a la corrupción, en general, y en particular en las instituciones de policía, la obligación de trans­pa­ren­tar las acciones de la policía y de rendir cuentas.
    Se observara la participación ciudadana como un eje nodal de toda la actuación policial.
  • Se aprovechara el momento histórico para replantear y redefinir las res­pon­sabi­li­da­des de las fuerzas armadas y la fun­ción de seguridad nacional.
    Se diseñara un efectivo sistema de salarios, prestaciones y condiciones laborales acordes al tipo de riesgos y responsabilidades que debe enfrentar.
  • Se hubieran medido y mitigado los efec­tos de extinguir una institución po­li­cial como la pf, sin haber consolidado el funcionamiento de la GN.
    Si no se desdeñara a policías estatales y municipales y se olvidara su importante función en las condiciones de seguridad local.
  • Sin embargo, esos aspectos no forman parte de la GN. Esta institución re­pre­senta un retroceso en el camino hacia un mo­de­lo policial moderno, acorde a una de­mo­cra­cia que transita hacia la ampliación del marco de respeto a los Derechos Hu­ma­nos, a mayores avances en las libertades y menores niveles de injerencia del Estado en la vida de los individuos y las comunidades. Con altibajos y de­sigual­da­des, el Modelo de Proximidad Social en México logró cimentar bases para una nueva función policial. Pero la cons­ti­tu­ción de la GN nos lleva a dar pasos hacia atrás y desvanecer los avances en esa materia, pues el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica delega esa función sólo a las policías municipales. La proximidad social no es el modelo de trabajo de la GN.

La reforma policial que se ha reque­ri­do en México debía dirigirse al for­ta­le­ci­mien­to de la institución civil. El gobierno federal actual pudo tomar como eje fundamental o pilar del nuevo gobierno, el combate a la corrupción, y centrarse en la depuración de las instituciones a fondo. No su desmantelamiento. Hoy no hay en realidad garantías de que la GN sea incorruptible e impoluta como lo han sido muchas otras corporaciones policiales, y sin embargo los esquemas de transparencia y rendición de cuentas no tienen lugar aún en el esquema institucional.

Con el diseño de la GN y su fun­cio­na­mien­to, tampoco se logra poner a las instituciones de seguridad fuera del ámbito de la política y de las decisiones discrecionales de los gobernantes. Las estrategias de seguridad no deben estar supeditadas a criterios políticos ni ideológicos; partiendo de que seguridad debería ser una política de Estado, y no tratada solamente desde los alcances de las políticas públicas. Con ello, también podría redefinirse un modelo policial que no cambie o se deconstruya al paso de cada gobierno, sino a partir de la institucionalidad, la legitimidad y el reconocimiento del Estado en su sentido más amplio.

Es de notarse que hay convergencias entre los círculos de académicos, es­pe­cia­lis­tas y expertos sobre las deficiencias y riesgos de la GN, a partir de las evidencias que arrojan estudios, investigaciones y se­gui­mien­tos. Sin embargo, también para este sector se percibe menosprecio desde los ámbitos de toma de decisiones. La in­ci­den­cia en temas de seguridad por parte de expertos y académicos nunca ha sido fácil, pero se había logrado ganar espacios. Con el modelo de la GN esas opor­tu­ni­da­des se acotan cada vez más. Esto plantea que, en un panorama de corto plazo habremos de empezar de nuevo la discusión por las instituciones de policía que necesitamos, pero con un sexenio perdido y muchos puentes rotos a reconstruir.

Al seguir la ruta de la GN hasta el día de hoy, queda el gran cuestionamiento so­bre si el “nuevo paradigma de se­gu­ri­dad” planteado en el PND en realidad im­pli­ca­rá una transformación institucional hacia me­jo­res mecanismos de seguridad ins­cri­tos y pensados a partir de principios democráticos y de Estado de Derecho o si, por el contrario, se prevé que la línea a seguir sea una versión moderna del viejo adagio usado en política sobre que “el fin jus­ti­fi­ca los medios”. Y si es así, los medios como la GN, son nuestro foco de preocupación.

1Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

2Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.

3 Un ejemplo de esta participación es el mo­vi­mien­to generado alrededor de la polémica Ley de Seguri­dad Interior (2017), una propuesta por demás re­gre­si­va que fue suspendida, debido a su carácter an­ti­cons­ti­tu­cio­nal, gracias a una gran discusión promovida por instancias académicas y ciudadanas.

4 Diversas fuentes periodísticas, con fundamento en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantean que la tendencia creciente de los niveles de violencia en el país se mantiene, y que se puede considerar el primer semestre de 2019 como el más violento en la historia reciente. 

 

La Guardia Nacional y los contrasentidos del (nuevo) paradigma de seguridad
Seguridad pública, entre improvisación y sesgo político