Los señores del huachicol

Ana Lilia Pérez Mendoza
Escritora y periodista egresada de esta Facultad. Ha publicado numerosos reportajes sobre corrupción, lavado de dinero, migración y narcotráfico.
Ha sido galardonada en tres ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo y se le concedió, en 2012, el Leipziger Medienpreis.
Sus investigaciones han sido traducidas a más de 20 idiomas.

Los señores del huachicol

Lo dijo mi general, allá por el 38:

“Pemex, de los mexicanos”, entonces es de nosotros.

De que se lo chinguen los gringos, mejor chingamos nosotros…

“Corrido para los huachicoleros”, del Grupo Komando 357

Era un terreno extenso, había tanques de almacenamiento de gas y pipas. Aquel sábado a medio día, en el área descampada y alejada de las mangueras y la zona de llenado, se colocó una mesa larga y 40 sillas. El anfitrión mandó comprar pollos rostizados y carne para asar, nada especial. Pero en aquel paraje industrial de Tula, Hidalgo, lo difícil fue conseguir las botellas de Buchanan´s 18 años que había pedido el convidado de honor, a su vez convocante de aquella junta.

El día anterior a los congregados se les notificó que serían recogidos en las inmediaciones de la refinería de Tula, y de allí los llevarían al sitio del cónclave. Nunca les daban datos exactos del sitio de las juntas, pero al final acababan reconociendo el lugar y a los asistentes: empresarios de la industria petrolera del centro del país.

Todos se conocen en el mundo de los contratistas y proveedores de obras, servicios y adquisiciones de Pemex; saben qué, cómo y cuánto contrata cada uno, quién trabaja legal o ilegalmente, si una empresa es seria (con instalaciones, capital social, experiencia y trabajadores especializados) o es de puro papel, de ésas que se usan para sacar dinero de Pemex mediante contratos para obra que nunca se hace, servicios que jamás se prestan o adquisiciones que nunca ingresan…

Ellos conocen qué pide el director de Pemex en turno, los directores corporativos, los subdirectores, los gerentes, superintendentes o personal de campo: si su tarifa es de un millón de pesos por aceptar una reunión privada dentro o fuera de la Torre Ejecutiva, si hay que pagarle vacaciones con todo y familia, comprarle un ostentoso vehículo, un yate, construirle una mansión, regalarle un departamento, quitarle las cuentas y tarjetas bancarias a la esposa, la amante o los caprichosos hijos, o si es de los que se conforman con las comidas en Angus, Sonora Grill o The Palm, los tragos en The Club, Queens, Club Elite, o cualquiera de esos rimbombantes tables que incluyen en sus nombres las palabras elite o VIP. La mayoría necesita eso: sentir que son very important people, aun cuando sea con sobornos.

Los contratistas de Pemex aprenden pronto cuáles son los fetiches de los directores, qué les gusta comer o beber y cuáles son sus ambiciones; el tipo de joyas y relojería que prefieren los líderes sindicales, sus esposas e hijos; la música que endulza el oído de los superintendentes (esos mayorales de los campos petroleros), y hasta el color de piel, talla y medidas de las mujeres con que seducirán a los encargados de adquisiciones.

Como negociadores deben entender al dedillo las “necesidades” de sus clientes. Y así lo hacen, como que de ello dependen sus contactos. También les gustan las apuestas: analizan si el director general puede ser presidenciable y si conviene invertir en él. (Es el caso de Emilio Lozoya Austin, a quien el consorcio Odebrecht decidió apoyar.) Igualmente calculan qué gerentes pueden llegar a directores, e intentan prever cualquier otro ascenso de calado.

Los contratistas son cómplices, encubridores, compinches. Y en el estrecho mundo petrolero nadie delata —aunque permanentemente ellos libran una guerra intestina con golpes bajos de todo tipo. El mundo de los proveedores es un nido de convivencias que a la petrolera ya le costó fraudes, quebrantos, saqueos y la infiltración del crimen organizado.

Botón de muestra eran los contratistas y franquiciatarios que aguardaban en las inmediaciones de la refinería Miguel Hidalgo. Uno a uno fueron llegando con segundos de diferencia, sabedores de que el convocante era hombre de reglas, obsesionado con la disciplina y la puntualidad. Por el terregoso camino vieron la polvareda que se levantaba al paso de las pesadas camionetas de lujo que ya conocían, conducidas por hombres de civil pero con armas a la cintura y en mariconeras. Tras el intercambio de saludos subieron a los vehículos y recorrieron varios kilómetros hasta detenerse a las puertas de una planta genérica de distribución de gas, es decir, un sitio que abiertamente vende un producto que no le compra a Pemex, sino a los huachicoleros, que lo roban a la petrolera.

La junta comenzó a mediodía. Acabaría entrada la noche. Estaban los gaseros, gasolineros, distribuidores de combustóleo, asfalteros y transportistas (incluido uno a quien se identifica como prestanombres de Salvador Chava Barragán, quien a la muerte de éste se quedó con sus negocios de pailería, herrería y soldadura como contratista de Pemex). Entre los participantes se contaban los que tienen empresas formales que le compran a la petrolera, pagan impuestos y se dejan supervisar por Profeco, como los genéricos, que expenden los hidrocarburos huachicoleados en el mercado negro: hacerlo así les deja ganancias en una proporción de 30 a 1.

Además del whisky pedido por el con­vi­da­do de honor se sirvieron docenas de cervezas Modelo de lata. Frente a su va­so de Buchanan´s 18, Heriberto Lazcano Lazcano, sentado a la cabeza de la mesa, ves­tía con un estilo casual, pero sus pren­das eran finas, de hilos suaves. Llevaba mo­ca­si­nes. Todo de marcas de un lujo mu­cho mayor del que soñó durante su infancia en Hidalgo. Nada que ver con las toscas telas de los uniformes que le tocó vestir en sus años de interno en el Colegio Mi­li­tar. Uno a uno, Lazcano les fue pidiendo cuentas del negocio: les preguntaba cuánto pagaban a La Compañía. El hombre a su lado tomaba nota; era su contador.

Había organizado la reunión porque —hombre de negocios— quería ganar más. Había decidido incrementar las cuotas que cobraba a cada asistente. Como siempre que esto ocurría, todos se quejaron. Hablaron los industriales formales, los del mercado negro y los que comerciaban en ambos frentes. Argumentaron un poco, pero sabían que con Lazcano no se podía regatear. Después, conscientes de los derechos que incluía la cuota que pagaban, pidieron al Licenciado —como lo llamaban— que pusiera orden entre los huachicoleros. Tenían disputas porque consideraban que algunos incurrían en prácticas desleales, como ofertar combustibles con facilidades de pago o con nuevas mezclas, más rebajadas pero más baratas. Aprovecharon también para quejarse de uno de los ausentes. Lazcano reparó en que el aludido había desafiado su orden de asistir a la junta, pero estaba de buenas: el negocio del petróleo estaba dando más que las drogas. En otro momento, la afrenta hubiera provocado que él, el Verdugo, ordenara la muerte del infractor. Lazcano debía ser implacable para dar el ejemplo, como cuando años atrás sirvió a las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén y tuvo que eliminar competencia y ganar territorios con sangre y terror. O como cuando asumió el mundo de la organización después de que fuerzas federales detuvieran a Osiel y fuera asesinado el Z-1 (Arturo Guzmán Decena).

En todo el noreste (Tamaulipas, Nue­vo León y Coahuila) la gente de Laz­ca­no usaba las mismas prácticas para “ali­near” ordeñadores, empresarios, gasolineros, constructores, prestadores de servicios y contratistas de Pemex: primero les ofrecían asociarse; si se resistían, de­bían pagar derecho de piso, y si chistaban, les secuestraban a algún familiar, les que­ma­ban algún negocio o les daban un levantón.

Allá en la cuenca de Burgos los pistoleros del Lazca controlaban hasta lo que Pemex exportaba hacia Estados Unidos, lo que cargaba cada transportista en su pipa, a los que llevaban doble carga (la de hidrocarburos y droga), y a aquellos que en el viaje de regreso les traían armas escondidas debajo de los carrotanques que nadie revisaba.

Pero acá, en el centro del país, los negocios se movían de diferente manera: los capos debían seguir el juego de gobernadores y alcaldes, que aseguraban que la sangre y la saña eran exclusivas de estados como Sinaloa o Tamaulipas, y que la región estaba “blindada” contra el crimen organizado. Ese acuerdo permitía que cada uno trabajara en lo suyo.

Heriberto quería mandar en Hidalgo. Además de ser la tierra donde vivía su familia, ahí se había convertido en ídolo y beneficario de pobres. Incluso mandó reconstruir la iglesia de San Juan de Los Lagos para convertirla en el edificio más vistoso de El Tezontle, con su fachada naranja y acabados de lujo, vitrales en lo alto, dos amplias puertas cafés adornadas con crucifijos bañados en plata, una alta cruz metálica finamente pulida y una capilla anexa coronada por una enorme campana.

Esta vez, el creyente Lazcano sería misericordioso. Y como tampoco quería llamar la atención con cuerpos muertos o decapitados, optaría por la indulgencia.

—¡A ese cabrón se le quita todo! Nadie lo va a tocar pero se tiene que ir así nomás, sin nada —sentenció. Y todo le quitaron: la distribuidora clandestina de refinados y asfaltos, casas, vehículos, y fue expulsado: regresó a su natal Ciudad Madero, con una mano atrás y otra delante, como había salido a principios de los años ochenta.

En aquel tiempo llegó a Tula para trabajar de pailero en las empresas que Salvador Barragán poseía mediante prestanombres; después comenzó a dobletear como chofer de pipa y revendía la gasolina, el diésel y el asfalto que robaba en cada carga. Se asoció con los superintendentes de la refinería, que lo dejaban sacar embarques completos. Su negocio siguió incluso cuando Los Zetas, a través de La Compañía, comenzaron a “alinear” a los huachicoleros. Pero su desplante contra el temperamental exmilitar lo dejó sin nada.

Su lugar sería ocupado pronto por otro ladrón y revendedor de combustibles, uno que pudo hacerse hasta de una plaza donde los domingos se organizaban corridas de toros y exhibiciones ecuestres, y a quien todos en Hidalgo llamaban el Huachicolero Mayor.

Heriberto Lazcano cofundó Los Zetas y La Compañía, junto con Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén —alias Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas— y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, el Doble X o Don Equis. Y en el negocio de los hidrocarburos se mo­vía como pez en el agua. En su tierra de infancia, Apan, creció mirando cómo los padres de familia que no se enrolaban en el Ejército se trasladaban a Tula para bus­car trabajo en Pemex o sus contratistas.

Como narra el libro El cártel negro, Lazcano llevaba directamente las riendas de la ordeña y la venta de lo robado. Los gasolineros, gaseros, asfalteros y cada franquiciatario metido en su sociedad, al igual que los encargados de lavar el dinero de La Compañía mediante la instalación y operación de gasolineras, les rendían cuentas a él, a sus primos y a sus hombres de mayor confianza, como Omar Lorméndez Pitalúa, el Pitalúa, o su primo Humberto Carrizales Lazcano, el Comandante Chivo. Mediante coacción, esa banda se asoció también con contratistas de Pemex, inyectando dinero sucio a dichas empresas y desterrando —en el mejor de los casos— a quienes se opusieran. A otros los asesinaron.

Lazcano intentaba poner orden entre los socios y tributantes de derecho de piso en el centro del país. Además de ajustar las cifras, prohibió la competencia ilegal entre huachicoleros. A su manera, Lazcano hizo justicia. Le convenía que sus empleados estuvieran contentos: los más modestos de los que allí departían le entregaban 500 000 pesos al mes; los señores del huachicol —los vendedores de cantidades industriales—, un millón y medio. Estos últimos tienen márgenes de ganancia tan grandes que aun cuando pongan esas cantidades logran hacerse de inmensas fortunas. Uno de ellos, por ejemplo, es aficionado a los campers canadienses, elegantes mansiones sobre ruedas: un día le dio por presumir su nueva adquisición al Licenciado, y éste simplemente decidió quedárselo.

“¿Y la Cheyenne, apá?”, se mofaba el resto de los huachicoleros. Lazcano fue reportado muerto el 5 de septiembre de 2007. Pero la información resultó falsa. Y en octubre de 2012 fue oficialmente abatido durante un enfrentamiento en Coahuila, entre contradicciones de las autoridades sobre la identidad del hombre. Posteriormente, un comando sustrajo el cadáver de marras de la funeraria donde yacía.

Salvo por una que otra detención de lugartenientes y miembros de Los Zetas, contratistas, franquiciatarios de Pemex y algunos huachicoleros, los negocios del grupo criminal en el mercado paralelo de hicrocarburos nunca estuvieron en riesgo. Por el contrario, para el momento en que Pemex dejó de ser paraestatal y devino “empresa producitva del Estado”, Los Zetas y el resto de cárteles eran ya la principal competencia para las gasolineras mexicanas y extranjeras que —tras la liberación del mercado de refinados derivada de la reforma energética— comenzaron a instalar expendios.

Los huachicoleros siguieron pagando sus cuotas y los industriales formales tributaron puntuales su derecho de piso; lo único que varió fue el rostro de la persona encargada de recolectar el dinero. Por lo demás, en el sector petrolero todos saben que huachicolear requiere permiso, es como obtener una franquicia. El “alineamiento” de los huachicoleros que se inició unos años atrás en San Pedro de las Colonias, Coahuila, fue tan efectivo que hoy sigue operando así.

Los industriales formales y los del “mercado paralelo” dicen que Lazcano no murió; su versión es que el exmilitar hidalguense decidió su retiro voluntario. Piensan que el cuerpo abatido y robado de la morgue fue un montaje. Coahuila, donde supuestamente fue acribillado, era la segunda casa del Lazca y numerosos municipios eran coto de Los Zetas: con facilidades brindadas por gobernadores y alcaldes, el cártel se hizo de lujosos ranchos, algunos usados como centros de entrenamiento de los reclutas. Podría estar ahí.

Con el respaldo otorgado por gobiernos cómplices y la colaboración directa de alcaldes y gasolineros de la región, desde Coahuila se suministraban los hidrocarburos huachicoleados a las propias franquicias oficiales. Un ejemplo de esta asociación es la que protagonizó Juan Manuel Muñoz Luévano, poseedor de una red de expendios gasolineros en la Comarca Lagunera, al igual que su familia política. En marzo de 2016 autoridades europeas y estadounidenses vincularon al empresario —apodado el Mono Muñoz— con Los Zetas. Fue detenido y encarcelado en Madrid, acusado de lavar dinero y traficar drogas. El gobierno estadounidense pidió a las autoridades españolas su extradición para juzgarlo por delitos similares.

A pesar de la “muerte” de Lazcano, Los Zetas siguieron abriendo franquicias gasolineras, expendios de gas legales y “genéricos”, compañías transportistas de hidrocarburos, y exportando y vendiendo combustible a las petroleras extranjeras, que luego revenden los refinados. Así que este grupo y sus escisiones siguieron al frente del mercado negro de carburantes, seguidos del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y muchas otras organizaciones criminales emanadas de éstas.

Desde noviembre de 2011, cuando se publicó El cártel negro, quedó al descubierto la operación de la delincuencia organizada en Pemex. Respaldado por nu­me­ro­sos documentos confidenciales de la pe­tro­lera, ese libro develó las com­pli­ci­da­des de las bandas y el personal de Pemex, que en sus distintos niveles facilita los robos en sus diversas modalidades y la pos­te­rior comercialización de lo hurtado.

Se puso énfasis en la colusión del personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (gssf), dependiente de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, que es a su vez la segunda división más importante en el organigrama directivo, sólo por debajo de la Dirección General. La gssf aglutina a los encargados de la seguridad de cada instalación petrolera y de las redes de ductos. El cártel negro evidenció también la participación de los dirigentes sindicales regionales y sus familias en todo el entramado.

Pese a las evidencias, los directores de Pemex callaron, y en ese silencio cómplice creció la presencia y operación del crimen organizado. En el sexenio de Felipe Calderón, quien intensamente promovió su guerra contra los cárteles, en realidad se les dejó operar a plenitud en el negocio de hidrocarburos. Esta actividad se convirtió en una de sus principales fuentes de dinero, que usaban para comprar armamento y así multiplicar sus ganancias mediante la instalación de empresas fachada… registradas a su vez como proveedoras de Pemex.

Peor aún, el calderonismo ins­tru­men­tó un plan que supuestamente contrarrestaría el robo de hidrocarburos: Pemex elaboró un Atlas de Instalaciones Estratégicas donde, con santo y seña, identificó las redes de ductos —oleoductos, poliductos, gasoductos y terminales—. Es decir, reunió información clave considerada de seguridad nacional y la compartió con gobiernos estatales y locales. Lo que sucedió luego fue consecuencia de esa imprudente decisión: el Atlas se filtró, las tomas clandestinas crecieron exponencialmente y el robo se desenfrenó.

Merced a ese error inocente o calculado, el gobierno de Calderón acabó por entregar a los cárteles, en bandeja de plata, la ubicación del oro negro. En 2007, el primer año de ese sexenio, Pemex registró una cifra entonces récord en la cantidad de tomas clandestinas: 323. Casi una diaria. Para 2011 se contaron 800.

En dicha estrategia fracasada co­la­bo­ra­ron las fuerzas armadas (Ejército y Marina). La Policía Federal Preventiva, la pgr, la Secretaría de Hacienda, el Sis­te­ma de Administración Tributaria, la Pro­fe­co, la Secretaría de Energía, la de Economía y Protección Civil. Lejos de corregirla, la administración de Enrique Peña Nieto le dio continuidad, por lo que cada vez con mayor frecuencia po­li­cías y autoridades terminaron por coludirse en el negocio.

En Pemex se intentó dar un rostro nuevo a la innegablemente corrompida Gerencia de Servicios de Seguridad Física, así que en marzo de 2014 se le cambió el nombre a Subdirección de Sal­va­guar­dia Estratégica (sse), igualmente integrada por militares y exmilitares. Con esto se le dieron mayores atribuciones y presupuesto, pero siguió igual de inepta o corrompida.

Los números no dejan lugar a dudas: para 2015 las tomas clandestinas se habían incrementado casi 80%, con 6260. En 2016 se contaron 6873 en 25 de las 32 entidades del país. Y la ordeña siguió, palpable, creciente.

Cada día este concierto criminal roba a la nación cerca de 27 000 barriles de hidrocarburos; según Carlos Murrieta, titular de Pemex Transformación, eso se traduce en 21 000 millones de pesos de pérdida anual. Y ésa es una estimación conservadora, ya que no todos los “chupones” se detectan.

Las pifias —inocentes o deliberadas— de funcionarios públicos siguieron: el primer director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, propuso incrementar el transporte de refinados por ferrocarril, para supuestamente “combatir” la ordeña de ductos. Aunque anticuada y fuera de lógica, la medida se aceptó. Puede considerarse ilógica porque Pemex destina millones de dólares a sus sistemas de monitoreo de ductos, que en tiempo real verifican su seguridad y funcionamiento con toda clase de tecnología. Además, hay personal al que se le paga por vigilar físicamente las instalaciones; en pocas palabras, una ordeña se detecta en el momento preciso en que ocurre y es posible movilizar a todos los agentes y militares requeridos para evitarla.

Como sea, la administración de Lozoya pidió a la Secretaría de Hacienda autorización para comprar 700 carrotanques de ferrocarril. Con tal adquisición, la flota de 525 con que contaba Pemex se incrementaría hasta las 1 225 unidades.

Hacienda aprobó la petición. El 30 de mayo de 2013 los funcionarios de Pemex ordenaron a la Subdirección de Distribución celebrar contratos por 91 295 500 dólares (equivalentes a 1 143 704 400 pesos) para adquirir dichos contenedores. El monto era tan alto que, por ley, debería haberse realizado una licitación, pero la Gerencia de Coordinación de Operaciones sugirió que Pemex Integral Trade Systems, Inc —actualmente Pemex Procurment International, Inc. (ppi), una de las empresas de papel de Pemex que operan en Estados Unidos— realizara la adquisición por “invitación restringida”, con el pretexto de que “la licitación pública no era la opción idónea, toda vez que requeriría de mayor tiempo y se correría el riesgo de no realizar oportunamente la contratación y retrasar la fecha probable de recepción de los bienes (diciembre de 2015)”. Así planearon abatir los costos por concepto de renta con dos empresas ferroviarias.

Para que el proceso de compra se hiciera de esa manera, el 7 de mayo de 2013 Pemex firmó con ppi el “Contrato de Prestación de Servicios de Precios Fijo” número 45000474724, para que ésta le proporcionara los servicios integrales de bienes, arrendamientos y servicios de importación a México, así como de obra pública y sus servicios relacionados. Se estipuló que quedaba bajo la responsabilidad del área administradora del proyecto tomar las decisiones sustantivas y de contratación, el cumplimiento de los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales, y el seguimiento de su ejecución.

Para octubre de ese año, en Houston, Texas, y a nombre de Pemex Refinación, ppi (con carácter de mandatario mer­can­til) contrató la adquisición de los 70 carrotanques. Esto significa que realizó la compra triangulada similar a la de bar­cos o plantas chatarra descritas en páginas anteriores, sólo que esta vez fue peor: los carrotanques nunca fueron entregados. Los ordeñadores siguieron pe­ga­dos al tubo.

Ese negocio, paralelamente, resultó fa­vo­re­ci­do con la reforma energética de Pe­ña Nieto, ya que la liberalización de los pre­cios de los refinados les dio a los huachicoleros mayor margen de operación en el libre mercado, a tal punto que, a la vera de carreteras y caminos de Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo, Mo­re­los, en la Huasteca y en el norte del país, co­men­za­ron a ofertar refinados baratos a crédito.

La situación también la aprovechaban franquiciatarios formales. Botón de muestra: ubicada en el Estado de México, la gasolinera propiedad de María del Carmen Nava Miranda, y su esposo Víctor Mercado, se surtían de huachicol y a su vez surtían litros ordeñados, según publicó el periódico Reforma en septiembre de 2017. Se trata de la hermana y el cuñado de Luis Nava Miranda, el secretario de Desarrollo Social, y uno de los hombres del círculo más íntimo de Enrique Peña Nieto desde sus años como gobernador en el Estado de México.

Gracias al libre mercado de los refinados los huachicoleros se volvieron más poderosos, y como el negocio creció, requirieron de más manos, así que —igual que hicieron los narcotraficantes años atrás, cuando cooptaron pueblos enteros para producir drogas— los ordeñadores transformaron amplias regiones del país en zonas de robo de carburantes.

1 La autora sostuvo entrevistas con varios de los asistentes a la reunión descrita. Las entrevistas se llevaron a cabo en Hidalgo, la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

2 Para más información de esta etapa, consúltese El cártel negro.

3 Uno de los ejemplos más evidentes del poder de Los Zetas en Coahuila fue la masacre en Allende y el desplazamiento forzado de miles de familias de esa entidad.

4 Con un prólogo escrito por la periodista Carmen Aristegui.

Este texto es un fragmento de Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, último libro de Ana Lilia Pérez, editado por Grijalbo en 2019 y reproducido con el consentimiento de la autora.

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