Políticas migratorias contrastadas: muros vs. derechos humanos

Cecilia Imaz Bayona
Doctora en Ciencia Política por la unam, profesora de la fcpys adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales (cetmecs).

Políticas migratorias contrastadas: muros vs. derechos humanos

En los últimos años se ha insistido en que la migración es un tema del mo­men­to. En realidad, siempre ha estado presente; ya sea en su variante de mi­gra­ción interna que responde a economías estacionales, como la in­mi­gra­ción, que en México ha tenido esporádicas oleadas, y la histórica emigración a Estados Unidos, cuyo marcado crecimiento en los años 70 a 90 respondía a una demanda laboral del país vecino y a una sobre-oferta de mano de obra joven en México.

En esos años la emigración mexicana fue registrada como ma­si­va (alrededor de 500 mil personas al año) por efecto del cre­ci­miento demográfico y de los flujos crecientes provenientes de Cen­troa­mé­rica, el Caribe, Sudamérica, y resto del mundo, que aña­día más de un millón de inmigrantes a la población estadounidense.

Para atajar la entrada de inmigración irregular por tierra, se pusieron muros en algunos puntos de la frontera suroeste con el vecino a partir de 1994 y se restringieron derechos a los in­mi­gra­dos en 1996, a pesar de que la demanda laboral agrícola, en la cons­truc­ción, la manufactura y servicios continuaba imponiéndose.

Fue el 9/11 del 2001 cuando cambió radicalmente el enfoque para la gestión migratoria en Estados Unidos y se hizo extensiva a todo el mundo, pues el mayor receptor de inmigrantes impuso controles a sus entradas aéreas, terrestres y marítimas. A partir de entonces la inmigración se convirtió en un elemento amenazante que debería limitarse en aras de la seguridad nacional, enfoque que se distendió en Europa por las amenazas terroristas y el desempleo causado por las cíclicas crisis económicas y cambios tecnológicos en los procesos productivos. A través del Departamento de Seguridad Interna (hsd por sus siglas en inglés) se “securitizó” la frontera con México, transformando el tránsito cotidiano en una línea divisoria de 3,152 km, con una lar­ga vida de interacción económica, laboral, política y social, en una entorpecida relación de vecindad e interdependencia, que afecta a más de 12 millones de personas que viven en los estados fronterizos.

Hasta 2004 la emigración mexicana al país vecino se mantuvo relativamente alta, alrededor de 350,000 entradas irre­gu­la­res al año, pero fue disminuyendo no­ta­ble­men­te, tal como los pronósticos de­mo­grá­fi­cos lo vaticinaban, debido a ma­yo­res costos por el cruce de la frontera, la crisis económica de 2008 que envió a más de un millón de trabajadores al de­sem­pleo, re­for­za­mien­to de la política mi­gra­to­ria en los eeuu y al aumento de las de­por­ta­cio­nes, de acuerdo con datos del Ins­ti­tu­to Nacional de Migración y de la Patrulla Fron­te­ri­za.

Esta situación provocó un cambio sustancial, ya que cortó la circularidad de la migración, que por más de un siglo había ocurrido a petición del gobierno y las empresas americanas y a la densidad de la población emigrada mexicana que se había asentado en los sitios fronterizos y había incursionado en casi todos los estados del país vecino, manteniendo relaciones cotidianas con sus familiares y contactos en México.

Según el Pew Research Center, la inmigración mexicana a eeuu dejó de ser masiva en la última década, pues la tasa neta es ahora de cero. Tanto la reducción de las entradas de los nuevos migrantes, como los retornos, voluntarios y expulsiones, hacen posible esta nivelación. Lo que en cambio ha aumentado no­ta­ble­men­te es la inmigración cen­troa­me­ri­ca­na que ha ido creciendo paulatinamente por las condiciones de pobreza e in­se­gu­ri­dad extendidas en los tres países del norte de esa región. Una gran parte de esta inmigración trabaja desde hace dé­ca­das en las ciudades y fincas de la región mexicana chiapaneca y flujos cada vez mayores entran al país de una manera irregular. De los puntos de entrada, existen 12 oficiales y más de 350 irre­gu­la­res e ilegales, que han servido para mantener una relación económica y social por décadas, pero a la vez, el tráfico ilícito de armas y mercancía diversa hace la internación por esa porosa y selvática frontera sur de México, un pro­ble­ma que ha tenido que ser atendido. Adicionalmente, en esa línea divisoria se suman inmigrantes de más de 50 países que pretenden pasar por México hacia su destino final, los eeuu. A esto se le denomina transmigración; pero ya no es meramente laboral. Las razones son de otra índole: huyen por la inseguridad, porque los hogares que dejan han sido destruidos, por desempleo, por hambre, lo cual cambia el sentido de estos flujos de personas, ya que no son el reflejo de una crisis migratoria, sino humanitaria.

A raíz de la original caravana migrante centroamericana de 2018, que por seis ocasiones se han organizado en la Semana Santa y son producto de una estrategia brillante para cruzar el te­rri­to­rio mexicano hacia el país del norte con relativa seguridad y ayuda asegurada por la sociedad civil, el presidente Trump, en su empeño por extender el muro en su frontera con México, lanzó una desproporcionada alarma de invasión de in­de­sea­bles a territorio americano. Esto pro­vo­có que esta caravana de transmigrantes, que no excedía las 300 personas, fuese no­ti­cia mundial y alarmara a la población norteamericana que de paso culpaba de ineficaz y corrupto al gobierno de Mé­xi­co. Por ello, a fines de 2018 las mal llamadas caravanas, pues los actores mis­mos llaman caminatas, también se hicieron virales a través de las redes en Honduras, El Salvador y Guatemala, y partieron en números crecientes.

 

A estos inmigrantes y transmigrantes centroamericanos habrá que sumar los anteriores migrantes haitianos en tránsito y los venezolanos, que se estima han sa­li­do de su país más de tres millones y para finales de 2019 es probable que rebasen los 5 millones, lo que da el éxodo más grande y fluido que se ha presentado en un periodo tan corto. Lo nuevo de esta situación es que ocurre en América Latina, que se había mantenido relativamente en calma.

En años previos nos hemos sorpren­dido con las tragedias que ocurren en el Mediterráneo, con los millones de si­rios que han salido huyendo de la guerra en su país, padeciendo los inclementes in­vier­nos europeos, así como los desplazamientos de personas en diversos países africanos y en el sur del con­ti­nen­te asiático. Y así mismo hemos pre­sen­cia­do cómo se han en­du­re­ci­do las po­lí­ti­cas mi­gra­to­rias en numerosas na­cio­nes, junto con el incremento de po­si­cio­nes xenófobas, ra­cis­tas e intolerantes, síntomas del temor en aquellas po­bla­cion­es que han quedado desplazadas del avance de la globalización de los mer­ca­dos y la producción, y pretenden proteger su reducido espacio de acción con su rechazo a los inmigrantes. Es en este contexto que se ubica la fallida y absurda exigencia de Trump por extender el muro en la frontera con Mé­xi­co. De hecho, desde 1993 Clinton man­dó construir un muro de 13 millas de largo en el extremo oeste que divide San Diego de Tijuana, que es la principal entrada a Estados Unidos en el potente estado de Ca­li­for­nia. A la fecha se han construido mu­ros en la tercera parte de la línea fron­te­ri­za y el paso ilegal se ha extendido hacia desiertos y ba­rran­cas causando más de 4,000 muertes en los últimos años, además de que por debajo de los tramos del mu­ro los nar­co­tra­fi­can­tes han construido más de 200 túneles por los que pasan no só­lo drogas y armas, sino per­so­nas traficadas.

En contraste, en el ámbito in­ter­na­cio­nal, especialmente en la onu, la preo­cu­pa­ción ha sido alcanzar acuerdos in­ter­na­cio­na­les en la defensa de los derechos hu­ma­nos y laborales de migrantes y ar­mo­ni­zar políticas migratorias, al menos re­gio­na­les. En este sentido, el gobierno me­xi­ca­no ha sido particularmente activo en los últimos 12 años, pero ninguno ha si­do tan conveniente y preciso como el ac­tual al tomar una postura con­gruen­te con su legislación nacional en la ma­te­ria y con los acuerdos internacionales suscritos.

Ante los numerosos éxodos de hon­du­re­ños, salvadoreños, ni­ca­ra­güen­ses, gua­te­mal­te­cos y los que se añaden, que han conformado las llamadas caravanas mi­gran­tes de fines de 2018 y primer tri­mes­tre de 2019, el subsecretario de Go­ber­na­ción, Alejandro Encinas Rodríguez, en su cuen­ta de twitter, subrayó que se dejará atrás la visión policial y militarista que pre­va­le­ció en la política migratoria del país, y se dará atención, permisos tem­po­ra­les y refugio a aquellos que lo soliciten, en atención a la crisis humanitaria que padecen en sus lugares de origen.

A principios de enero de 2019 anunció que aquellos que accedan a la Tarjeta de Vi­si­tan­te por Razones Humanitarias ten­drán la oportunidad de trabajar en seis es­ta­dos del sureste mexicano y obtener un sa­la­rio.

La idea de mantener a la población cen­troa­me­ri­cana inmigrada en su marco geo­grá­fi­co, no es nueva, data desde la apro­ba­ción de las leyes de Refugiados y de Mi­gra­ción de 2011, pero es ahora que se hace extensiva y con un plan de inversión concreto: el tren Maya.

Asimismo, el sector manufacturero de electrónica y autopartes en los estados de So­no­ra, Baja California, Chihuahua y Ta­mau­li­pas ha ofrecido 5,000 plazas en em­pre­sas industriales con el único re­qui­si­to de contar con la aprobación de una visa de trabajo y el asilo en México, los cua­les se facilitan en cinco días.

Y ante el arribo de nuevos flujos de per­so­nas migrantes a México, la cndh rea­li­za diversas acciones para vigilar que se respeten sus derechos y se les otorgue asis­ten­cia humanitaria de parte de las auto­ri­da­des durante su estancia en nuestro te­rri­to­rio.

Las medidas tomadas por el gobierno mexicano frente a estas emergencias han si­do ad hoc y humanitarias, y contrastan con la absurda y felizmente fallida po­lí­ti­ca de Trump de ampliar y reforzar “su mu­ro” pa­ra contento de su mermada ba­se de apo­yo.

¿Qué podemos adelantar? La política migratoria en Estados Unidos seguirá sien­do restrictiva, el reforzamiento de sus fronteras se mantendrá, así como las de­por­ta­cio­nes y des-unificación de las fa­mi­lias migrantes y continuarán incentivando el miedo y la discriminación.

De parte del gobierno mexicano hemos visto que han sido creativos, y sobre todo congruentes con el Pacto Mundial por una Migración Ordenada y Segura, sus­cri­ta en diciembre de 2018. Tendrán que ajustar pre­su­pues­tos nuevos y sobre todo tomar con­cien­cia de que México se volverá un país de inmigración. 

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