Transición de poderes: ¿hacia una nueva relación Estado-Sociedad civil?

Lucio Oliver
Sociólogo. Profesor de la FCPyS adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y al Centro de Estudios Sociológicos (CES)

Transición de poderes: ¿hacia una nueva relación Estado-Sociedad civil?

Con las votaciones de las pasadas elecciones nacionales se puso término en nuestro país al ciclo del Estado neoliberal autoritario mexicano, con sus aparentes formas democrático liberales. Ciclo surgido a partir del gran fraude electoral de 1988, articulado al dominio mundial de una globalización excluyente y bárbara que hoy está en crisis en varios países del mundo. La inclinación masiva por Andrés López Obrador fue una gran sorpresa y mostró un estado de ánimo de lucha activa de los sectores populares y especialmente de las y los jóvenes de hoy. En los comicios se hizo patente una mayor conciencia política de las grandes mayorías inconformes con la continuidad y la inusitada expansión de la violencia, la injusticia y la impunidad; el incremento de la pobreza y la desigualdad; las políticas pactadas con las corporaciones transnacionales para asegurar la sobreexplotación de los trabajadores y el despojo de las comunidades. Los resultados evidenciaron un rechazo de masas a las políticas de los grupos de poder que dirigieron el país en los últimos 30 años, con corrupción, falta de compromiso con la nación y servidumbre a la oligarquía económica y financiera. El mapa electoral cuestionó también el sistema político basado en la partidocracia dominante del PRI, el PAN y el PRD,  con su distanciamiento respecto de las problemáticas y necesidades de la ciudadanía y su indiferencia ante la creciente y continua pérdida de derechos sociales y económicos. Con la votación se cuestionó también la falta de apego a la justicia por parte de las instituciones existentes y se mostró que la población tiene claro que lo que hubo en los últimos 12 años fue una guerra simulada contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, mismos que no hicieron más que crecer en poder y número durante las pasadas administraciones.  ¿Y ahora, qué esperar de la nueva administración? Los resultados de las elecciones nacionales del 1 de julio expresan un mosaico de inconformidades y pueden ser leídos como un llamado a recuperar el Estado político y a reformar la sociedad civil, a remplazar las políticas neoliberales con un proyecto nacional de cambio de régimen hacia una república democrática que anteponga el interés general y la participación democrática frente a los intereses particulares dominantes de los poderes fácticos, tanto los económicos como los políticos, que prevalecieron en las últimas tres décadas. También hay expectativa de que se echen a andar políticas públicas y sociales en todos los campos, que reviertan la desigualdad extrema y enfrenten el neoliberalismo en cuanto proyecto de sumisión nacional a una oligarquía transnacionalizada, defensora de políticas de acumulación basadas en la exportación y la sobreexplotación de los trabajadores. 

Lo específico de la situación en la actual transición de poderes es algo inédito en el país y quizá se hayan presentado pocos casos similares en la realidad de América Latina: la disputa electoral llevó a conformar un gran movimiento civil de MORENA, que tiene fuerza y expectativas claras, pero lo peculiar es que éste se conjuntó de manera excepcional con la disposición a participar en las elecciones de un torrente de movimientos sociales de todo tipo (luchas ciudadanas por la paz, la seguridad y la justicia; de búsqueda por recuperar derechos diversos; reclamos de seguridad colectiva comunitaria; maestros inconformes con la reforma educativa laboral; jóvenes en resistencia con proyectos culturales innovadores y autodeterminados; poblaciones que reivindicaban soberanía territorial y satisfacción legal frente al despojo, etc.). La gran mayoría de estas expresiones se articularon empujando la solución electoral pro AMLO, a la vez que mantuvieron su autonomía, con excepción del congreso nacional indígena, que no pudo participar legalmente y no se sumó al proceso.

El empuje por un cambio se concretiza en la hipótesis de lograr la Cuarta Transformación. En la coyuntura actual ese programa está entrelazado con una incipiente pero activa corriente de lucha de los movimientos sociales para que la sociedad civil se afirme y se reforme; supere su carácter fragmentado, localista y económico corporativo; se adentre a una catarsis y se constituya en fuerza política con una cultura política social y juvenil de pensamiento crítico. Hay en ese sentido un sentimiento y una convicción de que en el siglo XXI mexicano la sociedad puede ser un sujeto político activo de los asuntos públicos, de la transformación y de emancipación, sustento de la soberanía y el cambio popular, sede de los debates y decisiones democráticas y colectivas, y crítica de las relaciones capitalistas dominantes.

Esa profundización se fundamenta en la conformación nacional y local de una fuerza política autónoma y autodeterminada de los diversos movimientos sociales y luchas identitarias heterogéneas, capaz de hacer efectivas, en el proceso de lucha y cambio, una economía social, una democracia participativa, nuevas instituciones abiertas al diálogo público de las políticas y los programas de gobierno, una inclusión política de las comunidades indígenas del país, un reconocimiento a la diversidad de identidades y a la autonomía de la sociedad, y una nueva economía social. Con ello, y sólo así, se podrá lograr la transformación de las conciencias y la conformación de un poder popular orientado a la emancipación, en lucha por otra globalización democrática, donde las masas de trabajadores de los distintos países participen y puedan conformarse como dirección política e ideológica en un mundo multipolar, y una alianza de procesos políticos sociales libertarios internacionales.

 

 

Pero esa nueva cultura política democrática radical de una sociedad diversa y heterogénea, esa nueva población civil con pensamiento crítico activo, influyente en las decisiones públicas, y esa fuerza política autónoma unificada, democrática, plural e incluyente de los movimientos sociales populares, es incipiente y está apenas delineada. Tiene como obstáculo mayor para desarrollarse la persistente oposición y el poder de las grandes oligarquías capitalistas que dirigen hoy la economía y controlan los medios de comunicación, que disfrutan de una gran incidencia en las políticas económicas y en la cultura de masas, y cuyo apoyo y referente son las políticas de las grandes potencias y el poder capitalista mundial y regional de los Estados Unidos y de Europa. 

Otras trabas para la afirmación política autónoma de la sociedad civil serán la persistencia de la cultura histórica priista y autoritaria en las instituciones, que permea aún en muchos dirigentes,  pervive todavía en las masas populares (cultura estatista y clientelar) y se asienta espontáneamente en el horizonte económico corporativo de las organizaciones de ciudadanos, profesionistas, trabajadores y de barrios. También actúa en contra el aún incipiente proceso de organización de los movimientos sociales, el bajo grado de cultura política autodeterminada y crítica,  la fragmentación de las reivindicaciones y luchas de los movimientos y el arraigo de un apartidismo y apoliticismo en sus tradiciones y prácticas, que los lleva a separar la lucha política democrática unitaria en contrapuestas y excluyentes formas de lucha independientes.

La creación de nuevas dinámicas productivas y zonas económicas, capaces de absorber grandes contingentes de mano de obra y propiciar capacidad de consumo y modernización en el campo y las ciudades, no significa de por sí crear mediaciones políticas, en las que la ciudadanía y la sociedad civil que la sustenta, sean sujetos políticos propios y activos. Ello requiere de una articulación  adecuada y real entre dirección política y cultural, mediaciones y formación social y política popular de participación y autodeterminación. El elemento central en ese sentido es que las políticas generales, las públicas y las sociales no se asienten en o deriven de decisiones tecnocráticas y burocráticas del Estado (cesarismo burocrático), sino que sean producto de un diálogo abierto, político, activo, entre Estado y sociedad civil. Para ello la sociedad civil tiene que asumirse como la forma social de la sociedad capitalista, moderna toda, con contradicciones e intereses en disputa, pero asimismo con capacidad de autoorganización, debate y decisión abierta a relaciones productivas, proyectos, ideas, valores políticos y planteamientos culturales, capaz de dar un sentido concreto e histórico a la ciudadanía de los trabajadores, viejos y nuevos, tangibles e intangibles, formales e informales, lo que significa darle contenido histórico y político actual a la democracia basada en el derecho a tener derechos.

El debate público abierto de las políticas mexicanas y latinoamericanas generales, de los problemas estructurales nacionales, regionales y locales y la reorganización social e institucional es lo que podrá incidir en la creación de una nueva visión intelectual y moral de los asuntos, en una cultura política informada, crítica de las tendencias y raíces de los conflictos estructurales, consciente de las relaciones de fuerzas y capaz de su modificación, que participe con estrategias emancipadoras de corto, mediano y largo plazo en la dirección de los asuntos públicos.

Los Estados Unidos del Norte han estado acostumbrados a apoyarse en Estados ilegítimos y débiles para imponerles su autoridad y fuerza a cambio de ayuda y reconocimiento económico y político. Hoy México será otra cosa. ¿Podrá el nuevo régimen mexicano caminar por la senda de la Cuarta Transformación en el contexto de los intereses, el poder y las políticas hemisféricas de la potencia vecina, sin entrar en un choque abierto y grave?  No hay fatalismo ni nada escrito sobre cómo Estados Unidos entenderá la coexistencia con un Estado vecino capaz de desplegar un cierto grado de soberanía, una cultura activa y una política de autodeterminación. Los problemas tradicionales pueden tener un cauce distinto relacionados con políticas soberanas de desarrollo e inclusión: drogas, migración, trabajo, intercambio comercial, políticas regionales. La cohesión interna de un proyecto nacional y la fortaleza de la relación sociedad civil y Estado son una ecuación nueva para la realidad mexicana, históricamente caracterizada por un Estado predominante (primero con hegemonía y después en crisis hegemónica) y una sociedad débil (hoy con un grado mayor de empoderamiento). Sin duda alguna, es la nueva correspondencia, Estado-Sociedad civil, lo que podrá permitir una capacidad de afirmación autónoma ante dicha potencia, capaz de negociar cambios sociales y políticos con altos grados de soberanía en las políticas generales, públicas y sociales, tanto internas como regionales latinoamericanas, de un país como México.

Negociar y avanzar en un proyecto alternativo de progresismo que no se someta a esa fuerza capitalista transnacional, puede ser un proceso y un camino para la nueva sociedad política, pero es un desafío especial para el avance de una sociedad civil crítica, transformada en fuerza política autónoma, capaz de acompañar la Cuarta Transformación.

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