¿Desafíos espaciales?

Conferencia: 50 años del Tratado del Espacio Exterior: logros y desafíos. Fotografía: David Fernández| Gaceta Políticas

Cuestionarse cómo se van a regular los procedimientos de la minería espacial, a quién beneficiarán o si serán un bien común mundial, así como la ruta para llevar a cabo turismo o funerales espaciales, son sólo algunos puntos que deben interesar a la sociedad, resaltaron los ponentes en la conferencia: 50 años del Tratado del Espacio Exterior: logros y desafíos.

En esta mesa participaron cuatro expertos en el tema, María Cristina Rosas, académica de la Facultad; Rosa María Ramírez, de la Agencia Espacial Mexicana; Fermín Romero Vázquez, de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, A. C, y Luis López Salas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes en el marco de los 50 años del Tratado, también expresaron cuál ha sido el papel de México en esta agenda internacional.

En ese sentido, se mencionó que es la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre (COPUOS) la encargada de los programas espaciales, tales como Un-Spider, ICG, Un-Space, así como de realizar foros de alto nivel sobre el derecho espacial, entidad integrada por dos subcomisiones: asuntos científicos y técnicos, y asuntos jurídicos.

México es miembro fundador de la COPUOS y junto con el resto de los miembros abordan temas de interés prioritario como: Desarrollo tecnológico, industria e investigación científica; Educación y salud; Derecho y seguridad espacial, y Medio ambiente, desastres naturales y cambio climático, indicaron.

Referente al entramado jurídico en torno al espacio exterior, la doctora Rosas expresó que  es insuficiente de cara a las condiciones actuales: “la irrupción de cada vez más países, empresas y particulares plantea desafíos al presente y futuro del espacio exterior y su gestión”. El espacio exterior ha sido considerado un bien público global, pero este planteamiento cada vez parece más alejado de la realidad, la ausencia de tratados jurídicamente vinculantes y la tendencia a favorecer disposiciones soft law “abona a la incertidumbre y posibilita que cada vez más intereses no estatales prevalezcan”, precisó la académica.

 

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