Elecciones 2018: algunos temas esenciales del debate nacional

Alejandro Chanona nos dice porqué estas elecciones son, hasta la fecha, las más importantes para nuestra vida democrática. Ilustración: Ángela Alemán

[dropcap]M[/dropcap] éxico enfrenta el proceso más complejo y voluminoso en la historia de su sistema político y electoral. El próximo 1 de julio votaremos para elegir al presidente de la República, los miembros del Congreso de la Unión, ocho gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y más de 3,000 cargos para autoridades locales (alcaldes, concejales, sindicaturas, diputaciones). Será también el episodio comicial más concurrido con 89 millones de sufragantes (52% mujeres y 48% hombres) y en el que el sector de la juventud, es decir, las personas entre 18 y 34 años suman alrededor de 36 millones, de los que 14 millones ejercerán su voto por primera vez.

Más allá de los datos y los indicadores, lo cierto es que se trata de un momento de gran trascendencia para México. El proceso electoral ha generado grandes expectativas. Se desarrolla en el marco de un enojo social generalizado como resultado de los escándalos de corrupción, la impunidad, la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país y el desencanto generalizado con la democracia y los representantes populares. Es claro que la alternancia en el poder en el año 2000 no derivó en una verdadera transición democrática y que hoy el país enfrenta una crisis profunda que se retrata también en los grandes niveles de desigualdad y exclusión social.

De acuerdo con los datos de Latinobarómetro, México es el país de América Latina que presenta la mayor pérdida de apoyo a la democracia, al caer más de 10 puntos porcentuales de 2016 a 2017, año en que contó con el 38% de apoyo por parte de los encuestados. Los datos son claros: sólo el 18% dijo estar satisfecho con la democracia, un 90% considera que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”, y sólo el 20% se decía satisfecho con el gobierno.

El próximo gobierno debe retomar la agenda de la transición democrática para apostar al rescate y fortalecimiento de las instituciones; para combatir la corrupción y la impunidad; para reducir los niveles de violencia y para atender a las víctimas. Es momento de impulsar un cambio profundo que implique poner a las personas en el centro, con la finalidad de procurar su bienestar y su seguridad, en un contexto de pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El ciberespacio, la información y el peso de las redes sociales

Como nunca antes, el proceso electoral enfrenta los nuevos tiempos de la sociedad del conocimiento y la información. La masificación del acceso a internet y el desarrollo de las redes sociales han generado un nuevo espacio para la discusión pública y el desarrollo de las campañas políticas. Los medios tradicionales de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) están siendo rebasados por la inmediatez de los portales de internet y las redes sociales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, en nuestro país existen 71.3 millones de usuarios de internet, lo que representa el 63.9% de la población de seis años o más. El 85% de las personas entre 18 y 24 años tienen acceso a internet, cifra que se reduce a 74.3% en el sector entre 25 y 34 años.[pullquote-right]”El próximo gobierno debe retomar la agenda de la transición democrática para apostar al rescate y fortalecimiento de las instituciones; para combatir la corrupción y la impunidad; para reducir los niveles de violencia y para atender a las víctimas.” [/pullquote-right]

Las personas tenemos más acceso a la información y a un espacio que democratiza la comunicación en el sentido de que todo el mundo puede opinar, generar tendencias e incidir en las redes sociales. Un nuevo medio para la competencia electoral que no admite censuras y que es libre por definición. Como lo han demostrado los casos del Brexit o las elecciones de Estados Unidos, el espacio cibernético se ha convertido en una nueva arena electoral, que influye en la opinión pública y donde se crea opinión. Un cosmos de competencia que, por tanto, puede ser utilizado (y manipulado) a través de la proliferación de noticias falsas (fake news), publicidad dirigida y el manejo de los datos y la información de las personas.

El caso de Facebook con Cambridge Analítica es tan sólo un referente de los nuevos tiempos. En lo que va de la contienda electoral hemos visto infinidad de noticias falsas y acciones para atraer votantes o desprestigiar a los adversarios. De ahí lo valioso de iniciativas como #Verificado2018, que forzosamente debe ser acompañado de una ciudadanía cada vez más crítica y consciente. Y el reto va más allá del activismo en internet. El abstencionismo será, una vez más, uno de los fantasmas a vencer en estas elecciones y, al final del día, la última palabra no la tendrán las redes sociales sino las y los electores el 1o de julio.

Por ello, es fundamental que, más allá de las “guerras sucias”, se haga un gran esfuerzo porque las propuestas lleguen a los jóvenes y a los electores en general para que puedan evaluar a los candidatos y la candidata, así como a sus plataformas electorales que dibujan su idea y proyecto de país. Los espacios que se han abierto en la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, con los foros “México 2018: los desafíos de la Nación”; los organizados en el interior del país por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); así como los eventos en universidades públicas y privadas son esfuerzos en este sentido.

Algunos temas centrales del debate

Entre los asuntos que debemos ponderar en el debate público identificamos, por lo menos, cuatro grandes retos y desafíos para la gobernabilidad democrática, y el bienestar de la sociedad mexicana:

  1. La imperiosa agenda del combate a la corrupción y la impunidad, temas que necesariamente pasan por la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, la transformación del sistema de procuración e impartición de justicia y nuevas herramientas institucionales de transparencia y rendición de cuentas para cerrarle el paso a ambos flagelos.
  2. La atención urgente a la crisis de inseguridad, con una renovada perspectiva que cambie el enfoque y priorice la protección de las personas y la atención a las víctimas.  El Estado mexicano debe reconocer que ha fallado en su función básica de garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas. La estrategia para enfrentar a las organizaciones de la delincuencia organizada ha tenido resultados limitados y los seguirá teniendo si se insiste en la receta “tradicional” de “descabezar” a las organizaciones criminales (kingpin) y no se desarrollan estrategias diferenciadas frente a los distintos grupos criminales y frente a las violencias.Es necesario transitar hacia un modelo orientado a la Seguridad Ciudadana y la Seguridad humana, lo que significa la protección integral de las personas, bajo la conducción y acción de las instituciones civiles. La seguridad de las personas como un derecho y no como la protección de un régimen, por lo que hay que moverse en sentido contrario a las limitaciones de la visión de la seguridad pública y su ampliación hacia la seguridad interior/nacional.
  3. El replanteamiento de la agenda económica, para que el crecimiento se traduzca en inclusión social y bienestar. México es un país profundamente desigual: el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza del país y hay 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza. De poco o nada sirve que el país se comprometa internacionalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o con la Agenda de París de combate al cambio climático, si no se impulsan políticas públicas que reduzcan la desigualdad y se enfoquen a la promoción del desarrollo de las personas (desarrollo humano) y el desarrollo sostenible.
  4. El rol de México en el mundo y la recuperación de la política exterior como palanca de desarrollo y la proyección de nuestro país. El siglo XXI se caracteriza por la incertidumbre y por un sistema internacional que se mantiene en constante transformación desde el fin de la Guerra Fría hasta nuestros días. Un mundo en el que los referentes clásicos de la soberanía se han transformado y en el que convive la lógica globalista de la interdependencia y la cooperación; con el ascenso de los nacionalismos, la xenofobia y la conflictividad. La política exterior debe promover el desarrollo y los intereses de México, lo que incluye actuar conforme a sus principios constitucionales, una mayor participación en los temas globales, la apuesta por una política económica exterior, renovar los mecanismos de cooperación para el desarrollo y, por supuesto, replantear la relación con Estados Unidos, con una estrategia integral que defienda los intereses nacionales, nuestra soberanía nacional y vea más allá de la administración Trump, a partir de nuestra interdependencia.
El cambio de régimen, el empoderamiento de la ciudadanía y la sociedad civil

Frente a las diversas crisis que enfrenta el país, es necesario impulsar una agenda de cambio de régimen que permita el inicio del camino hacia una democracia que restablezca el Estado de Derecho (combate a la impunidad), se cimente en los Derechos Humanos fundamentales de las personas y atienda la crisis de bienestar que enfrenta más de la mitad de la población mexicana. Por ello, la agenda de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad sustantiva y la justicia intergeneracional, son temas transversales a toda la agenda. Es momento de romper modelos y paradigmas tradicionales para impulsar un nuevo derrotero de nuestra lastimada nación. Un cambio de régimen en el que la participación ciudadana y la corresponsabilidad serán sustantivos para la construcción de la gobernabilidad democrática y la gobernanza.

[pullquote-right]”Empoderar a la ciudadanía es un elemento sustantivo de las democracias sólidas y es también un muro de contención frente a cualquier intento de abuso del poder”[/pullquote-right]La sociedad civil en México gradualmente se ha abierto espacios en la vida pública para exigir cambios y acompañar el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas. La sociedad civil organizada se hace cada vez más visible desde distintas trincheras y debe jugar un papel clave para la gobernanza democrática.

Hay que reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil han jugado para impulsar la agenda de la transparencia y rendición de cuentas, así como el que han tenido en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (aún en desarrollo) y en un tema tan sensible como la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a una nueva Fiscalía que efectivamente sea autónoma y eficiente. Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva son referentes de estas luchas. Es fundamental avanzar hacia la reforma del artículo 102 constitucional y generar un amplio compromiso con el impulso a las reformas necesarias para garantizar que tengamos un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente.

Aún hace falta una mayor presencia de esa sociedad civil en la vida pública de nuestro país. Por un lado, es fundamental abrir mayores espacios para su participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. El camino hacia la gobernanza democrática requiere  crear oportunidades para la colaboración de la sociedad civil e implica también un nuevo equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa. Eso significa que existan más espacios institucionales para la intervención ciudadana. Por ejemplo, en materia de seguridad tiene que haber un acompañamiento decidido de la sociedad civil en términos del diseño y evaluación de las políticas implementadas y en el seguimiento de los planes de profesionalización de las policías.

El nuevo equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa demanda hacer efectivos mecanismos como la consulta ciudadana, la ratificación y revocación de mandato, el plebiscito y el referéndum, así como el presupuesto participativo. Empoderar a la ciudadanía es un elemento sustantivo de las democracias sólidas y es también un muro de contención frente a cualquier intento de abuso del poder.

El Programa de Gobierno del próximo Presidente de la República deberá estar acompañado de una generación de mexicanas y mexicanos dispuestos a romper con los viejos moldes y prácticas que han llevado a este estado de cosas y a impulsar un renacimiento político, económico y social. Los procesos electorales son el mejor momento para repensar a la nación y evaluar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, pues al final del día, gane quien gane, nos estamos jugando la patria de frente al futuro.

Alejandro Chanona – Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Profesor de la FCPyS desde 1979. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *