Entrevistas

Seguridad pública, entre improvisación y sesgo político Conversación con Javier Oliva

Por Emanuel Reséndiz

En julio pasado, la noticia del asesinato de dos individuos de origen israelíen una plaza comercial de lujo al sur de la Ciudad llenó las primeras planas de los diarios, acaparó la atención en redes sociales y programas noticiosos, y mostró, nuevamente, la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad que se vive en la capital y en el país. Más allá de las quejas, reproches, condenas y memes hechos a la actual administración, sobresalieron los datos que colocan a esta primera mitad del año como la más violenta en, por lo menos, los últimos 22 años.

Para hablar de temas de seguridad nacional, platicamos con el doctor Javier Oliva Posada, docente de esta Facultad, recién galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y un estudioso de estos asuntos desde hace cuatro décadas.

¿Podemos considerar lo ocurrido en la plaza Artz como una muestra del clima de inseguridad y violencia que se vive en esta ciudad y el país?

Por supuesto, lo ocurrido en este centro comercial no es un hecho aislado sino una evidencia de que el crimen organizado trasnacional es una realidad en buena parte del país, aunque las autoridades lo nieguen. No podemos ignorar que las dos personas ejecutadas son de origen extranjero, una con una larga y nociva carrera criminal; que, además, los sicarios actuaron a plena luz del día y con una logística de operación muy bien planeada, lo que denota la confianza de quienes organizaron el ataque en salir impunes; es claro que este tipo de mafias no conocen ni de fronteras ni de lugares exclusivos.

Nuestro país es, y ha sido a lo largo de su historia —por su condición geopolítica—, escenario de conflicto entre distintos bandos criminales de distintos países. Esto lo ha documentado muy bien Friederich Katz en su obra, La guerra secreta en México, donde se muestra cómo los servicios de inteligencia de diversas naciones que tenían interés en nuestro territorio (Estados Unidos, Japón, China, Brasil, España, etc.) operaban en la Revolución Mexicana.

Actualmente no vivimos un proceso tan violento, o mejor, no con la búsqueda de reivindicaciones sociales presentes en aquel conflicto, pero las actividades ilícitas efectuadas por agrupaciones delincuentes extranjeras siguen impactando de manera perjudicial. Ejemplos sobran: las bandas colombianas dedicadas al robo de casa habitación, mafias surcoreanas que falsifican documentos, lavadores de dinero en casinos provenientes de Italia del sur, la presencia de delincuentes españoles, etc.; desafortunadamente hay una amplia gama de infracciones que pertenecen a este ámbito. 

 

A pesar de ello, me parece extraño, por decir lo menos, la intención de las autoridades capitalinas de enviar a la Guardia Nacional (GN) a proteger estos centros comerciales; primero, porque se contradice la razón ideológica de su creación —esta corporación no fue diseñada para estas actividades—; segundo, debemos recordar que estos lugares poseen un fuerte aparato de vigilancia y seguridad privada, y tercero, a mi juicio, se necesitaría más del apoyo de la GN en delegaciones como Iztapalapa; puntos donde verdaderamente se resiente la ausencia de seguridad pública.

¿Cuál es, entonces, la finalidad de la Guardia Nacional, en qué consiste esta nueva fuerza?

Hay que entender que su diseño es muy complejo, y más complicada aún ha sido su implementación; sin embargo, esta experiencia no es inédita. Primero, si revisamos la historia veremos que la consideración de este cuerpo de seguridad se remonta a la Constitución de 1857 con las milicias estatales, sobre todo tras las dramáticas experiencias militares durante las invasiones estadounidenses en las

que México es despojado de más de la mitad de su territorio. Más tarde, Porfi-
rio Díaz crearía la policía rural, un antecedente de desprestigio, principalmente por las actividades de represión a líderes campesinos para las que fue utilizada.

Ya en nuestros días es pertinente recordar que lo que acaba de hacerse —intentar formar un grupo de seguridad fusionando elementos militares con integrantes de la policía—, ya ocurrió hace 20 años en el gobierno de Zedillo cuando se creó
la PFP con la tercera brigada de la Policía Militar y la Policía Federal de Caminos.

El problema es que desde 1988 tenemos gobiernos (sin importar el apellido, Salinas, Calderón o López) en los que domina la inercia de improvisación.

El sexenio pasado se criticaba que hubiera un veterinario proveniente de la secretaría del entonces rector de la UNAM, José Narro, al mando del cisen; hoy por hoy, con el nombramiento de Leonel Cota Montaño, exgobernador de baja California, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, o el de Francisco Acuña como secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, parecería que el gobierno en el poder está tratando de mantener posición; y es que la seguridad pública no es un asunto ideológico, es un servicio que brinda el Estado, las personas al mando no deberían estar ahí por un tema de usufructo político sino para implementar una estrategia que responda a la gravedad del problema. No hemos aprendido la lección, ni como sociedad, ni como gobierno. Pero qué ha dejado esta repetición de esquemas en sexenios anteriores y en el presente: no es posible que la estrategia de seguridad se constituya por una nociva inercia de políticas reactivas, no se puede tolerar el bajo perfil de funcionarios en puestos de mando y no es operativo dejar de lado, por cuestiones ideológicas o políticas, lo previamente realizado, empezando de cero. Si a eso sumamos el desastre del inicio de operaciones de la Guardia Nacional, a pesar de que su anuncio se hizo 11 meses antes, cuando Obrador ya era presidente electo, no obtendremos mejores resultados, sino, como ya vimos, el peor inicio de un sexenio desde que se contabilizan los delitos de alto impacto.

A mi juicio, el mayor error del equipo de López Obrador es no haberse acercado a la Policía Federal, no haber escuchada a sus miembros, siquiera visitado las instalaciones, dialogado con los mandos; ya en foros de discusión en los que participé en la cámara de diputados y senadores, la propuesta era fortalecer a los organismos ya existentes.

Sí creo que este “empezar de cero” fue una decisión precipitada, impulsada por la inercia reactiva de la que hablábamos, por el sentimiento de que “todo lo que
venga de la administración de Calderón, no sirve”, prejuicio grave cuando está de por medio la seguridad de todos los mexicanos; cuando, después de 30 años, la pendiente en cuestiones de seguridad se acentúa hacia lo negativo.

Ningún gobierno hace el 100% de las cosas bien, aunque tampoco mal. En mi óptica deberíamos continuar el apoyo a instancias que han funcionado en el pasado como la Plataforma México, que concentraba información generada por los actos delictivos y permitía actuar con anticipación a la autoridad, misma que dejó de funcionar en la gestión de Peña Nieto, por una decisión arbitraria y sin sustento del hoy coordinador de la selfibancada del pri en el senado. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de  los desatinos del responsable de la Secretaría de Gobernación, al frente de las políticas de seguridad pública.

¿Por qué la desconfianza y la polémica ante la creación e instrumentación de la GN?

Hay que discutir, en la academia, la política, y en la sociedad con argumentos, no con prejuicios. Se ha dicho que la intención es “militarizar” a las policías, esto es exagerado, vamos primero a los datos. México tiene actualmente alrededor de 395 mil elementos de pie de fuerza, el 40% son policías estatales, el 32% municipales, el 10% federales (hasta antes de la crisis), y el resto se reparten entre las policías ministeriales estatales y federales. Ahora, reuniendo a los integrantes del ejército, la fuerza aérea y la armada de México suman aproximadamente 280 mil; aún más, de éstos, según datos que obtuve a través de transparencia, entre 55 y 60 mil son elementos diariamente activos
en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Se dice también, “los militares son violadores sistemáticos de derechos humanos”, pero, con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si sumamos las recomendaciones hechas por esta institución a la SEDENA  y SEMAR, son considerablemente menos que las hechas al imss. Por supuesto, éste tampoco es un dato alentador, ¿cómo es posible que la principal institución de salud y seguridad social en el país, sea también la que más recomendaciones de la CNDH tiene?

Hay que añadir, además, la buena percepción que la población tiene de las fuerzas armadas, éstas aparecen casi siempre en los primeros lugares en la mayoría de
las encuestas, ya sean del Senado de la República, Mitofsky, Parametría, y es siempre, como institución, la que se queda con el primer lugar cuando se mide el nivel de confianza de la ciudadanía en las instancias gubernamentales, muy por encima de los partidos políticos o los jueces, cosa que tampoco hay que celebrar.

Hay, empero, elementos que no debemos olvidar: la transferencia permanente de personal militar a las áreas de seguridad, así como la imposición del mando civil ha sido siempre un fracaso, no hay una sola historia de éxito. En esta experiencia podemos rastrear el origen de los Zetas: integrantes del grupo aeromóvil de fuerzas especiales comisionado a la Procuraduría General de la República, que pasó ocho meses sin recibir salario, sin ver a sus familiares y terminó siendo el germen del brazo armado del Cártel del Golfo. De ninguna manera estoy justificando esta consecuencia, pero estos hechos tienen explicaciones. Lo mismo ocurrió con el Grupo Chihuahua: militares transferidos a la Procuraduría de Justicia de ese estado, acabaron formando parte del
crimen organizado. Otro ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se hicieron cargo de la seguridad pública, ocurrió la tragedia de los chicos de la Buenos Aires, cuyos cadáveres fueron encontrados —con marcas de tortura y el tiro de gracia— en la carretera Picacho-Ajusco; y esas son evidencias incontrovertibles.

Para mí, la idea de la Guardia Nacional es muy buena, pero no su instrumentación; tal parece que ni siquiera saben para qué fue creada: hicieron 11 reformas a la Constitución para implementarla, creo que ni cuando Salinas modificó la Carta Magna para privatizar las propie dades ejidales se hicieron tantos cambios; no están conscientes de que la gn funge como una cuarta fuerza armada, sus integrantes deben llamarse “soldados”, eso lo he expresado ya con antelación en muchos foros; hablando de la policía, convirtieron un problema laboral en un asunto político que, la historia y los indicadores, apuntan a que sólo va a empeorar; y todavía, a siete meses de empezado este mandato aparece el titular de la Secretaría de Seguridad diciendo que
se pondrá en marcha un “nuevo modelo policial”; esto es una muestra irrefutable
de falta de claridad.

¿Cómo contribuye la Universidad a la toma de decisiones en esta materia de la que parecemos estar especialmente excluidos?

Primero, entendiendo que son las apreciaciones bien documentadas las que deben prevalecer en la toma de decisiones, no los prejuicios ni las opiniones. Segundo, si bien, como lo dice David Easton, existe una “caja negra para la toma de decisiones en los gobiernos”, la gente encargada de diseñar las políticas públicas y las estrategias necesitan saber que en la unam se trabajan estos temas. Un ejemplo de esto es el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, único en su tipo en la Máxima Casa de Estudios y que, gracias al apoyo de la Facultad, inicia en septiembre en estas instalaciones.

Te comparto una experiencia personal: yo mismo di un seminario hace algunos meses, en este plantel, a altos mandos de la policía sobre enfoques sociológicos y antropológicos del crimen. Veo con muy buenos ojos que la Universidad tenga este acercamiento académico con la formación de policías profesionales, con personas que hacen de la labor policiaca su estilo de vida. Mucho ganaremos si caemos en la cuenta de que una de nuestras responsabilidades como universitarios es tutelar el interés de la nación de manera complementaria con las instituciones del gobierno.

Desafortunadamente, no existe un programa o un proyecto estable para que este acercamiento sea posible; peor aún, acaso este perfil de cooperación no suceda por la presencia de prejuicios, más departe de la comunidad universitaria que
de las fuerzas armadas.

Tenemos aquí en Ciudad Universitaria el Centro de Ciencias de la Complejidad, un verdadero y singular recurso para la proyección y defensa de nuestros intereses nacionales, que además no existe en ninguna otra universidad —pública o privada— de México; hay que aprovecharlo; la unam tiene que contribuir ya a esta proyección en los ámbitos que contempla el llamado soft power.

México es la sexta potencia mundial en capital cultural y la primera en el continente americano; si sumamos el patrimonio cultural de Canadá y Estados Unidos, nuestro país los supera aún por ocho lugares, ¿no se puede hacer algo con ello?, o los tomadores de decisiones en este país no saben el potencial que la nación ofrece o no quieren prestar atención.

Hay que recalcar la condición geopolítica de México, que le ha dado siempre un lugar preponderante en muchos escenarios, entre ellos los bélicos. Es cierto que en materia de Seguridad Nacional quizá no podamos emular el flying soldier que apareció volando a 190 km/hr en el desfile del Día de la Bastilla ante el presidente Macron, o los planes de China o India para sus próximas estaciones espaciales (con intenciones científico-militares), ya no mencionemos la puesta en órbita de los satélites estadounidenses que
van a llevar la guerra a la estratósfera.

Esto puede sonar muy en pro de una doctrina militar, lo cierto es que no podemos estudiar con inocencia estos temas, la industria armamentista no va a parar nunca; más vale que empecemos a hablar con prudencia y sensatez de nuestros intereses nacionales que tratar de figurarnos escenarios, que por muy ideales que aparezcan, están poco sustentados en la realidad.