Mercado de la cocaína, reto para la seguridad nacional

 Encuentro Regional, El mercado de la cocaína. Fotografía: Myriam Corte| Gaceta Políticas

Ante el panorama de criminalidad derivado del tráfico de estupefacientes como la cocaína, diversos problemas salen a relucir a consecuencia del los poco efectivos resultados en contra de dicho negocio por parte de gobiernos pasados y el del presente, así como por la incertidumbre ante el próximo. Es necesaria una coalición entre la ciudadanía y el gobierno que se base en un plan nacional para el combate contra el mercado de la cocaína, cuyos resultados sean positivos para ambos sectores.

Esto fue lo que se abordó en el primer panel del Encuentro Regional, El mercado de la cocaína, donde expertos en la materia hablaron sobre el papel que juega México, al ser un país estratégico para la venta, consumo y tránsito continuo de la misma, así como de las consecuencias para el desarrollo nacional y las relaciones con otros países.

Javier Oliva, doctor en Ciencia Política, consideró que el principal desafío para reducir la violencia y el crimen organizado en México debe ser la garantía de calidad ciudadana, es decir, organizar íntegramente a la sociedad civil, bajo el parámetro de una cultura de prevención contra el consumo de las drogas. El ponente indicó que la ingesta de éstas debilita el carácter de las personas y genera conductas cívicas contraproducentes que confrontan a la autoridad con los consumidores, pues se criminaliza más a estos últimos que a los productores.

Por otro lado, el contralmirante Martín Barney se refirió al empleo de las fuerzas armadas contra el narcotráfico, acción característica de los últimos gobiernos en el país. Destacó que aunque la ciudadanía tiene confianza en ellas, su intervención en el tema debe ser temporal, ya que esto le compete a las fuerzas judiciales y no a la guardia nacional. Recalcó que el ejército sólo debe ser utilizado cuando es estrictamente necesario, a fin de no confundir su labor con la seguridad pública, ya que su constante intervención puede resultar en un retroceso de la defensa nacional.

Gerardo Rodríguez, maestro en Políticas Públicas Comparadas, citó los principales elementos que generan violencia e inseguridad: problemas estructurales de las instituciones públicas, el alto índice de impunidad, los conflictos de poder entre instituciones y las consecuencias derivadas del amasiato de éstas con el crimen organizado. Agregó que el déficit de capacitación en la gendarmería y en el poder judicial y la falta de jueces en el país redundan en el uso de las fuerzas armadas, hecho que no ha tenido resultados benéficos.

La postura del maestro en Economía y Política Internacional, Raúl Benítez, coincidió en cuanto a la incapacidad de las fuerzas policiales y añadió otros problemas como la impunidad y coalición del gobierno con el crimen organizado. El interlocutor consideró que los nexos entre el narcotráfico y la sociedad civil también debe detenerse, ya que este sector muchas veces se ve obligado a colaborar para garantizar su seguridad y estabilidad económica y social. Benítez exhortó al análisis del plan de seguridad propuesto por el gobierno entrante y subrayó que se necesita un programa que pueda consolidarse a corto, largo y mediano plazo.

Sobre la nueva Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, el doctor Oliva destacó que la autoridad civil debe asumir su responsabilidad, así como trabajar por una ciudadanía consciente, que demande la actuación productiva de las instituciones. Por otro lado, el contralmirante Barney recapituló el panorama de criminalidad nacional y basado en ello señaló que la modificación en estructuras y procesos de las fuerzas armadas podría recaer en el socavamiento nacional del patriotismo y la defensa nacional.

Rodríguez se inclinó por la idea de la profesionalización de los cuerpos de seguridad, así como por la mejora en la percepción social de los mismos,  con el fin de garantizar sus derechos y dotarlos de mejores oportunidades. Benítez, por su parte, habló sobre la confianza en la que está basado el plan propuesto por el próximo gobierno y cuestionó el cómo se generará. Agregó que la armonía entre el gobierno federal y la ciudadanía puede ayudar a dicho plan; sin embargo, consideró que el ajuste presupuestal puede ser contraproducente e insuficiente.

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