Oportunidad para la democracia, de lo local a lo federal

Javier Oliva nos ofrece un panorama del ambiente electoral en el ámbito local y su impacto en el federal. Ilustración: Ángela Alemán

Introducción
[dropcap]C[/dropcap]omo resultado de subsecuentes reformas electorales, los comicios del próximo 1 de julio serán los más nutridos en cuanto a número de cargos sujetos a competencia. Sólo Baja California y Nayarit no tienen elecciones locales concurrentes. En total, 3, 236 puestos, conforme a la consulta realizada el 1 de septiembre de 2017. Esta cifra sin contar a los integrantes de los Cabildos.

También derivado de ese fundamental cambio, los partidos políticos y las coaliciones requirieron cuidar con detalle, quién y por qué debieron ser sus candidatos. En efecto, estaríamos por primera vez, en una situación en donde los procesos locales le sumarán votos a los aspirantes a la Presidencia de la República, dada precisamente, la confluencia de ambas elecciones.

De forma tradicional, no hace mucho, las candidaturas presidenciales, por su disposición de recursos, cobertura mediática, alianzas con grupos de poder, entre otras variables, proporcionaban un impulso sustancial a los aspirantes locales, a cualquier cargo de elección. Por ejemplo, las nueve gubernaturas en disputa —incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México—, indican que los perfiles de cada uno de los candidatos habrá de sumarle a su correspondiente abanderado a la presidencia de la República, votos que se traduzcan a su vez en posiciones en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, la problemática es que en varios Estados de la República no se mantuvieron las coaliciones, lo que llevará a una enorme dispersión de voto, cuando no a confusiones de parte del elector. Casos como los de Morelos, Jalisco e incluso la Ciudad de México, exigirán de las estructuras de los partidos y de las autoridades electorales, un enorme esfuerzo para evitar desconcierto al momento de sufragar por tal o cual opción en las boletas.

[pullquote-left]”[…]desde la perspectiva de la renovación democrática, tendremos una sustancial dinamización, lo que desde un enfoque generacional deberá abrir los caminos a nuevas y más eficientes formas para hacer de los procesos democráticos la vía fundamental para consolidar las bases de la siguiente etapa en el desarrollo del país. [/pullquote-left]También hay que apuntar, que al menos en lo que se refiere a la clase política nacional, desde la perspectiva de la renovación democrática, tendremos una sustancial dinamización, lo que desde un enfoque generacional deberá abrir los caminos a nuevas y más eficientes formas para hacer de los procesos democráticos la vía fundamental para consolidar las bases de la siguiente etapa en el desarrollo del país. Esto sin duda, aportará en cuanto al número y porcentajes de votos, una mayor legitimidad para la toma de decisiones.

Por otra parte, la notable concentración de procesos electorales federales y estatales, trajo consigo también, que la influencia de los medios de comunicación convencionales (televisión abierta, periódicos impresos y radio comercial), se haya incrementado sustancialmente al igual que sus ingresos y ganancias. Esto sin duda es un tema polémico, pues estamos frente a una incuestionable transferencia de recursos públicos a bolsillos privados. Los efectos positivos sobre las campañas, pero sobre todo, en el ánimo de la ciudadanía, está por verse si es que se lograr aumentar el número absoluto de votantes. Ya deberá analizarse con detalle este tema.

Sin embargo, hay algo más que campañas y partidos en competencia

Nuestro país vive la peor crisis de violencia desde la conclusión de la Revolución Mexicana, con el agravante de que ahora, de ninguna forma hay contenidos ideológicos o proyectos de reivindicación social. Se trata de la actividad depredadora del crimen organizado, que en varias partes del país ha logrado imponer un Estado paralegal, en donde las principales actividades para organizar la productividad y dinámica económica han sido cooptadas por los criminales: extorsión, pago de impuestos, secuestros, controles a los desplazamientos por  caminos y carreteras, coerción y cesura en medios de comunicación, persecución y liquidación de líderes sociales, además de la perniciosa diversificación de delitos, que van desde el robo de combustible, tráfico de personas, hasta por supuesto, la producción, trasiego y consumo de drogas.

En una de sus más siniestras y violentas expresiones, las organizaciones criminales, de distinto giro, han centrado su intención para incidir en los procesos electorales y sus resultados, a través del asesinato de candidatos, familiares o integrantes de equipos de campaña. Hasta la fecha, 23 de abril, se han registrado, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, 82 homicidios de candidatos. Además de alrededor de 70 familiares y unas 50 personas integrantes de partidos políticos con cierto nivel de responsabilidad en estos hechos. La totalidad de los casos ha sido en contra de candidaturas locales, es decir, aquéllos que buscan una presidencia municipal, regiduría e incluso una diputación al Congreso estatal.

Tal clima de violencia llevó a la Secretaría de Gobernación y al propio Instituto Nacional Electoral a firmar en este mes de abril un convenio y protocolo de seguridad para aquéllos candidatos que soliciten protección. Un aspirante local y ocho a cargos federales ya formalizaron su petición ante las amenazas recibidas por parte del crimen organizado. Sin duda, para la democracia mexicana se trata de una condición negativa, que a su vez pone en evidencia el marcado fracaso de las políticas y programas de seguridad pública instrumentados en los últimos años.

Pero la violencia criminal en contra de los candidatos y sus entornos no se limita a tratar de influir a partir de la eliminación de algunos aspirantes para posicionarse de territorios y desde luego, de las estructuras administrativas. También se encuentra la cercana posibilidad de que por amenazas abiertas a la población, en lugares recónditos, o bien las casillas no puedan instalarse, o se inhiba a la ciudadanía para salir a votar. Desde luego que no es una situación extendida por la geografía del país, pero el número de casos aumenta año con año.

La forma de agredir por parte de las organizaciones del crimen al proceso electoral desde lo local, tiene la misma manera de operar desde hace varios años, al menos desde los 90 del siglo pasado. La criminalidad, al encontrar estructuras judiciales y corporaciones policiales débiles, con escasos recursos para hacerles frente, decidió acometer con toda la fuerza de las armas y del dinero para corromper, agredir o amedrentar a las mismas autoridades locales.

[pullquote-right] “Nuestro país vive la peor crisis de violencia desde la conclusión de la Revolución Mexicana, con el agravante de que ahora, de ninguna forma hay contenidos ideológicos o proyectos de reivindicación social.” [/pullquote-right] Atomizadas como se encuentran ahora, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, hay 230 bandas delictivas, mismas que ejercen una presión directa sobre los sistemas sociales y productivos al momento de renovarse la representación política; la posibilidad de los reacomodos o aplicación de medidas que afecten sus intereses provocan sus violentas reacciones. El reto para el Estado mexicano en su conjunto es muy serio. Continuando con los datos dados a conocer a inicios de abril, marzo de 2018 ha sido el segundo mes más violento con 2, 479 asesinatos dolosos en torno a las actividades criminales (23% de aumento con respecto al mes de abril de 2017). En número cerrados, este sexenio contabiliza 104 mil homicidios de ese tipo, contra 102 mil del anterior sexenio. Si persiste la tendencia los siguientes meses, la administración de Enrique Peña Nieto superará, por mucho, la de Felipe Calderón Hinojosa.

No hay duda de que lo hecho hasta ahora en materia de Seguridad Pública fue poco y deficiente. De allí que las repercusiones a los procesos electorales locales —aunque sea una obviedad hay que tenerlo presente—, era sólo cuestión de tiempo.

Las candidaturas independientes locales

A diferencia de los muy polémicos procesos para la recuperación de firmas para alcanzar una candidatura independiente para la presidencia de la República, la autoridad electoral señaló que reunieron los requisitos y hoy cuentan con los recursos legales para competir por un determinado cargo: 162 presidencias municipales, 62 diputaciones locales, 39 diputaciones federales, 7 senadurías y 7 gubernaturas. Como se puede observar, el positivo impacto de la participación ciudadana en la competencia por el sufragio, se abrió un decido espacio.

No obstante que pudieran haber pocos candidatos independientes que obtengan la victoria, lo cierto es que se trata de una muestra de confianza en el proceso electoral en sí mismo y por la otra, estamos ante una seria llamada de atención a los partidos políticos para que tengan en sus expresiones locales una disposición de incorporar otros perfiles como militantes (posibles candidatos) así como una mayor apertura para considerar propuestas y planteamientos diferentes a los contenidos en sus plataformas ideológicas/electorales.

La figura del candidato independiente, es sin duda, una de las principales innovaciones de estos comicios. Hay casos, desde los presidenciales hasta de presidencias municipales, en donde los aspirantes a dichos cargos cuentan con una muy importante trayectoria dentro de los partidos políticos. Esto cuestiona la finalidad y sentido de las candidaturas independientes; pero al mismo tiempo, hay casos en donde el perfil es auténticamente independiente, al presentarse y reunir los requisitos ciudadanos que no cuentan con experiencia y por tanto con trayectoria política alguna.

La posibilidad del triunfo de algunos de ellos dependerá en muy buena medida de la convicción del electorado para acudir a sufragar en su favor; en tanto, los partidos políticos cuentan en promedio con 50 pesos sobre 1 asignados a los candidatos independientes (datos proporcionados por los equipos de los aspirantes a la candidatura presidencial), además de las restricciones para alcanzar espacios en radio y televisión (los llamados spots). En esas desventajosas condiciones no deberá llamar la atención que las posibilidades de triunfo para este nuevo tipo de candidaturas vayan a ser pocas. Sin embargo es un camino que no tiene retorno.

Sobre todo si se considera que quienes sean electos a nivel federal, con excepción del presidente de la República, y lo local, gobernadores, pueden aspirar a ser reelectos, lo que sin duda complicará las dinámicas de relevo en el ejercicio del poder, ya de por sí comprometido por burocracias y familias partidistas desde hace años. El grave error de haber aprobado la reelección hasta por una ocasión ya se verá, tendrá consecuencias en la permeabilidad de nuestra democracia para favorecer la natural entrada y salida de grupos en los espacios de representación y gobierno.

Las condiciones de la competencia local/federal a partir del 2 de julio

De mantenerse las inercias señaladas por las encuestas nacionales y locales vamos en general a un proceso con altos niveles de polarización. Esto no es en sí mismo un problema, como no sea que los competidores no reconozcan los resultados cuando éstos no les sean favorables. La estabilidad que le proporciona a las elecciones la aceptación de la derrota resulta fundamental si desde lo local se genera un tácito reconocimiento a la relativa igualdad de condiciones en la competencia.

Esa positiva y deseable inercia desde lo local, además de la certeza en los resultados y la legitimidad de las autoridades electorales en general, permitirá en lo nacional, articular lo que en adelante serán los acuerdos y pactos necesarios entre las fuerzas políticas, para que a su vez desde los equilibrios en la representación en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, se formule la agenda que el país requiere. De persistir la cuestionable costumbre de autodeclararse vencedor sin contar con los datos ciertos, de impugnar a pesar de las evidencias en las actas de haber perdido, sólo propiciará un efecto negativo en el ánimo y sentido de la democracia representativa y como procedimiento.

[pullquote-left]”Estamos ante la oportunidad de dar un paso fundamental en la consolidación de nuestra democracia.” [/pullquote-left] De allí que lo local se convierta en un relevante recurso de legitimación para la competencia electoral que concluye el 1 de julio, pues la disposición de los partidos, dirigencias, contendientes y simpatizantes para reconocer la voluntad expresada en las urnas, en condiciones de normalidad democrática, hará difícil la  procedencia de impugnaciones. De no ser así, debemos prepararnos para un largo y polémico contencioso postelectoral.

Estrategias electorales que van y vienen; alianzas formales o implícitas con grupos de poder y de la sociedad; compromisos y programas, y demás expresiones de la búsqueda del sufragio, bajo las nuevas reglas de la competencia, proporcionan el contexto adecuado para consolidar lo alcanzado hasta ahora. Será entera responsabilidad de los principales actores (candidatos y autoridades electorales) no vulnerar la confianza en la ley ni en las condiciones generales de la contienda. Estamos ante la oportunidad de dar un paso fundamental en la consolidación de nuestra democracia. Desde lo local a lo federal.

Javier Oliva Posada – Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor de la FCPyS desde 1981. Coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, UNAM. Articulista de la Revista Vertigo y el diario El Sol de México.

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