Sismo político y social

Angélica Cuéllar, Directora de la FCPyS expone cifras respecto al sismo del 19 de septiembre de 1985 comparadas con el pasado sismo de 2017.

[dropcap]E[/dropcap]l 19 de septiembre de 1985 un sismo de 8.1 en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México.

Los daños materiales fueron enormes y se concentraron en las delegaciones Venustiano Carranza (83 derrumbes y aproximadamente 1900 construcciones dañadas), Cuauhtémoc (258 derrumbes totales, 143 parciales y 181 edificaciones muy afectadas), Benito Juárez (50 inmuebles averiados) y Gustavo A. Madero (25 derrumbes totales y 35 parciales).

Para la Comisión Económica para América Latina de la ONU, en la ciudad de México tenían que demolerse 30,000 viviendas y 60,000 demandaban reparaciones profundas.El sismo dejó a 250,000 personas sin hogar.

En este escenario el gobierno de Miguel De la Madrid creó La Comisión Nacional de Emergencia y la Comisión Metropolitana de Emergencia. En ambas estuvieron los titulares de la Defensa Nacional, la Marina, Programación y Presupuesto y Salubridad. A la primera se sumaron los titulares de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, y en la segunda los de Agricultura y Educación.

La población civil, como ahora, se volcó a las calles donde estaban los edificios afectados para ayudar a remover escombros buscando vidas.

De inmediato aparecieron organizaciones de vecinos, de inquilinos, de cuartos de azotea, invisibilizados por el continuum de la vida cotidiana.

En Tlatelolco se hicieron presentes tres organizaciones: el Frente de residentes, la Asociación de residentes, la Coordinadora de cuartos de azotea y el Consejo de edificios en autoadministración. De los 102 edificios de esa unidad, 23 resultaron seriamente dañados. Las organizaciones de Tlatelolco quisieron imputar responsabilidades a instituciones como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y BANOBRAS.

En las colonias Morelos y Guerrero también existían organizaciones previas al terremoto. Había colectivos de inquilinos que instrumentaban estrategias de resistencia frente a los distintos planes de remodelación del centro que pretendían dar otro rostro a esa parte de la ciudad. En esta zona también se hizo visible con el sismo el terrible deterioro en el cual se encontraban muchas viviendas alquiladas en renta congelada.

En la colonia Roma, el 5 de octubre de 1985 surgió la Unión de Vecinos y Damnificados con representantes de 289 edificios. Esta organización se constituyó frente a los abusos de los caseros que pretendían subir las rentas hasta en un 300%. Una de sus estrategias fue declarar una huelga general de pago de rentas.

Antes del temblor, en Tepito y la colonia Morelos había organizaciones barriales que se opusieron a la expulsión que suponían los planes de reordenamiento urbano. Un núcleo importante lo constituyeron las organizaciones de Tepito, y las colonias Morelos y Guerrero; en esta última los residentes se habían agrupado en la Unión de Vecinos de la colonia Guerrero que demandaban reparación de viviendas y la expropiación de lotes baldíos para edificar sus propias propuestas para sus barrios. Este grupo influyó significativamente en el rumbo social y político que tomó el proceso de reconstrucción después del sismo.

Líderes de la Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos, de Tepito Indómito y Centro Morelos, lograron entrevistarse el 2 de octubre con el presidente del país, Miguel De la Madrid, presentando las siguientes demandas:

  1.     Expropiar todos los predios dañados
  2.     Un proyecto de reconstrucción popular
  3.     Regularizar los servicios en las zonas devastadas

El plan  lo entregaron en forma de folleto bajo el nombre de Proyecto de reconstrucción de vivienda en las colonias Guerrero y Morelos.

Días después, el 11 de octubre, el mandatario decretó la expropiación de 5,500 predios ubicados en las delegaciones más afectadas por el sismo; 250 hectáreas en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza; también reconoció que estaba obligado a respetar la forma de vida de los afectados, su arraigo a los barrios y a las organizaciones populares. Fue así que el gobierno tomó una posición propositiva que sobre bases reales buscó ejercer el control del proceso. El 14 de octubre también por decreto presidencial se creó el Programa de Renovación Habitacional Popular que sirvió de espacio de conflicto, definición, presión y negociación de los damnificados y el gobierno.[1]

La primera movilización de damnificados tuvo lugar el 27 de septiembre de 1985; entre el 19 y 24 de octubre cerca de 40 entidades previas y posteriores al sismo confluyeron en una organización para enfrentar las consecuencias sociales: la Coordinadora Única de Damnificados, la CUD.

En la CUD se reunieron entre otras: la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos, Unión de Vecinos y Damnificados del Centro, Unión Popular Centro Morelos, Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, Unión Emilio Carranza, Unión de Vecinos del Centro, Comité de Lucha Inquilinaria del Centro, UNIÓN Popular Valle Gómez, colonia Peralvillo, colonia Faja de Oro, colonia Asturias, colonia Nicolás Bravo, colonia Obrera, Arcos de Belén Centro, Asociación de Residentes de Tlatelolco, Unión de Inquilinos de la colonia Pensil, Sindicato Nacional de Costureras 19 de Septiembre. A estos grupos de vecinos los identificaba y los unía su condición de damnificados por el desastre. Como CUD y de manera organizada cuestionaban y negociaban los planes y las políticas de rehabilitación y reconstrucción de viviendas.

La CUD, como fruto del orden de las relaciones entre diferentes organizaciones barriales, fue capaz de replantear problemas urbanos y logró hacer escuchar y reconocer buena parte de sus demandas. En la politización que hizo el gobierno del proceso de reconstrucción, las organizaciones de los damnificados crecieron y se autoafirmaron en dos planos: desde sus barrios y colonias, donde enfrentaron el clientelismo corporativo, y derivado de ello, como gestores y protagonistas de la reconstrucción.[2] [pullquote-left] “La política de vivienda que siguió tuvo la huella del sismo.” [/pullquote-left] El sismo del 1985 dejó al descubierto problemas urbanos muy serios: la corrupción de instituciones públicas y privadas encargadas de edificar viviendas, la falta de programas efectivos para ello, así como  de formas de financiamiento que incluyeran a sectores de bajos recursos. La política de vivienda que siguió tuvo la huella del sismo.

A raíz de éste surgieron organizaciones urbanas que durante varios años fueron muy eficientes para administrar el acceso a viviendas y a créditos blandos de sectores que no eran los damnificados del sismo y que se asumieron como los damnificados históricos. Aquéllos que si bien no se les había cuarteado la casa, tenían cuarteada la vida: empleo informal, no acceso a seguridad social o a créditos para adquirir una casa. Así nació la Asamblea de Barrios, liderada por dirigentes que tomaron parte en el proceso de reconstrucción del sismo de 1985 y desarrollaron en los años siguientes programas amplios de vivienda popular, con lo cual permanecieron durante varios años como un conjunto exitoso de gestores.

El sismo de 2017 seguirá seguramente otro proceso social y político. La ciudad de hoy es distinta. Ahora hay un jefe de gobierno electo, una asamblea de representantes propia, delegados votados que pertenecen a diversos partidos políticos. Si bien la politización inmediata después de una tragedia semejante es algo esperado, ahora estamos además a unos meses de las elecciones federales de 2018.  En este proceso de reconstrucción se juega el futuro de muchos políticos.

Ojalá que las lecciones del sismo de 2017 nos fortalezcan como ciudadanos que debemos pedir cuentas a funcionarios y gobernantes.

 

[1]  Angélica Cuéllar, La noche es de ustedes, el amanecer es nuestro, (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993) 38.

[2] Cuéllar, La noche es de ustedes, el amanecer es nuestro, 48

Angélica Cuéllar Vázquez

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