Urgente el reconocimiento a comunidades campesinas

Mesa de discusión sobre “El campo mexicano: problemas, retos y oportunidades”. Fotografía tomada de Arena Pública

“Disputas contra los mega proyectos en el campo mexicano. Casos de Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí”, fue el título de la primera mesa del Congreso Nacional AMBER, El campo mexicano: problemas, retos y oportunidades, en el cual se mostró  la difícil realidad que vive la población campesina en México en el marco de las actividades industriales de gran alcance o mega proyectos, un panorama que también afecta al ecosistema.

La doctora en Estudios Latinoamericanos, Dolores Camacho Velázquez, habló acerca de las repercusiones que ha tenido el arribo de los mega proyectos en Chiapas. Afirmó que los resultados han sido contraproducentes debido a que éstos no son implementados de la manera adecuada con relación al ecosistema y a la población del lugar, pues su desarrollo benéfico sólo se observa en empresas y no en la comunidad.

Por un lado, actividades como el ecoturismo afectan directa e indirectamente la estabilidad del ecosistema chiapaneco y perjudican al desarrollo de la población local, ya que las compañías que encabezan dicha actividad monopolizan el acceso a los recursos naturales de la zona, con lo cual se influye en la destrucción total o parcial de las zonas naturales y en la exclusión y des-posesión de la población originaria. Asimismo, los megaproyectos industriales como presas hidroeléctricas o minería, entre otros, tienen los mismos efectos, a los que se agrega la falta de significación del campo.

Según la investigadora, estos proyectos prometen a la población empleos y oportunidades de desarrollo que con el tiempo son rechazados por los mismos habitantes, pues ante el intento por hacer pequeñas ciudades en donde existían pueblos campesinos, la población no logra adaptarse y busca la reivindicación de las actividades agrícolas a las que están acostumbrados. De esta demanda han surgido diversos movimientos sociales que han tenido efectos a nivel internacional, tales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En esta misma línea, el investigador del Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el estado de Chiapas, Arturo Lomelí, consideró que los megaproyectos en Chiapas se implementan sin tener en cuenta a las poblaciones indígenas e incluso les son impuestos. Resaltó que es necesario estudiar las formas de desarrollo más adecuadas y benéficas, tomado en cuenta la vida social, económica, política y cultural de los habitantes.

Lomelí destacó la importancia de la población indígena, toda vez que sus principales asentamientos se encuentran en territorios ricos en recursos naturales, por lo cual son más buscados para su explotación. Para el especialista, las actividades industriales no sólo amenazan al ecosistema y a la población, sino toda la identidad indígena, pues al imponer regímenes de producción y desarrollo, las costumbres y la lengua van desapareciendo. De hecho, la biodiversidad y la población nativa se han reducido drásticamente en los últimos 50 años.

Dichos efectos son el motivo de movimientos sociales que demandan ser reconocidos y respetados por la industria y el gobierno, para a su vez acentuar su identidad campesina y hacer prevalecer sus derechos.

La investigadora en políticas públicas, desarrollo, campesinado y estado, Karina Sánchez, expuso la situación que se vive en Oaxaca con la industria minera, parques eólicos y las zonas económicas. Expresó que al igual que en Chiapas, los megaproyectos no han tenido los efectos esperados y que, por el contrario, han surgido diversos problemas, debido a que los modelos de desarrollo nos son eficaces o incluso ni siquiera son implementados.

En el caso de los campos eólicos y la minería, las poblaciones campesinas se ven afectadas en un principio por el despojo de terrenos donde se establecen los aerogeneradores, o bien, el paisaje natural se ve destruido por las máquinas extractoras de minerales. Además, debido al desarrollo tecnológico de las mismas, no se requieren importante mano de obra, por lo cual los campesinos se convierten en desempleados y tienen que migrar hacia la capital del país u otros sitios en busca de mejores oportunidades. Sumado a esto, el asentamiento de dichas industrias genera contaminación en ríos, reducen la pesca y crean desabasto de agua; ello agregado a que los parques eólicos benefician solamente a grandes compañías que los prefieren por producir energía más barata.

La mano de obra local también es despreciada en el caso de las zonas económicas. Según la doctora, las facilidades que el gobierno le da a la industria permiten que ésta haga uso de sus propios trabajadores foráneos, impidiendo la oportunidad de trabajo a la población local. Dichas facilidades y el carácter foráneo de las empresas les permiten explotar la biodiversidad de las zonas e irse cuando ya no les resultan útiles. Debido a esto, tanto la estabilidad social como ecológica no llegan a ser una realidad en el estado.

Por su parte, Javier Maisterrena, doctor en Antropología, consideró que la realidad de San Luis Potosí no es diferente, salvo que el ecosistema es totalmente diferente, pues el estado es desértico en su mayoría. Debido a esta característica, la actividad preponderante es la minería.

Explicó que luego de que la industria del jitomate se estableciera y se expandiera en el estado, la sofisticación sufrida creó un desabasto importante en los mantos acuíferos del estado. Como consecuencia, grandes cultivos sufrieron enormes pérdidas. Las familias campesinas y el ganado se vieron seriamente afectados. El doctor calificó a este fenómeno como un escenario de despojo a conveniencia de las industrias.

Maisterrena enfatizó la necesidad de participación colectiva para el reconocimiento y apoyo de la comunidad campesina, que en su mayoría es indígena. Resaltó que es necesario acentuar la importancia que las actividades agrícolas conllevan, para así exigir, junto con éstas, mejores condiciones de desarrollo.

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